Manuel Briones tiene la intención de querellarse contra su exmujer, Mariela Benítez, las sobrinas de la actual pareja de ésta, menores de edad, y posiblemente la Administración, si se confirman los malos tratos a su hija Naiara, la niña de 8 años presuntamente asesinada el pasado día 7 en Sabiñánigo (Huesca) por el lucense Iván P.P., hermano del padrastro de la niña, que permanece en prisión provisional.

El padre biológico de Naiara acudió ayer al Juzgado de Instrucción de Jaca, acompañado por el abogado que lo representa, Marcos García Montes, para realizar un poder notarial antes de regresar a Chile, donde vive, y poder personarse como acusación particular.

"He venido a hacer justicia. No puede ser que se hagan ahora los inocentes cuando le había hecho todo esto a mi hija", denunció Manuel Briones, que se basa en las informaciones que ha ido obteniendo a través de internet de madres argentinas, país del que son originarios ambos progenitores, que tenían contacto con su exmujer, Mariela Benítez, así como de madres de compañeras del actual colegio de la niña.

Según él, la niña acudía desde los 5 años sola al colegio, "mal alimentada" y quejándose de sufrir malos tratos. Briones reprocha a su expareja, con quien asegura que mantenía contacto por whatsapp y a la que había ofrecido ayuda para cuidar de la niña, que le haya "mentido hasta el último minuto".

Al parecer, el padre biológico se enteró de la muerte de su hija a través de internet y también desconocía que, cuando Naiara tenía 5 años, los servicios sociales le retiraron la custodia a Mariela Benítez y se la entregaron a la madre de su pareja. Briones también negó haber amenazado e insultado a su exmujer.

Según su abogado, Marcos García Montes, algunos vecinos de la localidad altoaragonesa están dispuestos a declarar sobre el caso de la niña Naiara, a pesar de que "tienen miedo" a posibles represalias.

Respecto a los malos tratos, explicó que se está "abriendo un abanico de posibilidades", ya que "parece ser que dos sobrinas también la maltrataban" y, dado que son menores, es la Fiscalía de Menores la que tiene que hacerse cargo.

García Montes también cree que hay responsabilidad por parte de la Administración, puesto que, como hizo público la propia madre, al parecer sufría acoso escolar y se había puesto en conocimiento de la policía y del colegio, pero "no activaron el protocolo".