Si el jurado emite hoy un veredicto de culpabilidad asumiendo las tesis del Ministerio Fiscal, algo a lo que no se opone el propio parricida confeso de Moraña, David Oubel sería el primer condenado en España a la pena de prisión permanente revisable.

La prisión permanente revisable figura en el Código Penal desde la reforma de 2015 para castigar casos de especial gravedad. Entró en vigor en julio de 2015 y apenas unas semanas después, el 31 de julio de ese mismo mes, se produjo el brutal crimen de Moraña. Pensada especialmente para casos de terrorismo con múltiples víctimas, se aplica también para asesinatos en los que la víctima sea menor de dieciséis años de edad o cuando se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

También para asesinatos derivados de delitos contra la libertad sexual o por asesinatos cometidos por miembros de un grupo u organización criminal o asesinatos reiterados o en serie, además de casos de genocidio o de lesa humanidad. La prisión permanente revisable tiene una duración indeterminada, pero sujeta a revisiones: tras el cumplimiento de una parte considerable de la condena y si acredita la reinserción, el reo puede obtener la libertad condicionada a que no cometa nuevos hechos delictivos.

Se trata de una norma controvertida que toda la oposición quiere derogar, como se manifestó en una proposición no de ley aprobada en el Congreso en ese sentido, según Efe.

Aunque podría ser la primera condena de este tipo en España, no es la primera vez que se solicita esta medida por parte de los fiscales que ya han pedido condenas en ese sentido en varios casos, aunque sin éxito por ahora.

Por ejemplo, en el caso Francisco Morillo Suárez, por la violación y asesinato en febrero de 2016 de una mujer en el parque de María Luisa de Sevilla. La Audiencia de Sevilla optó por condenarle a 39 años de cárcel, una decisión que el Ministerio Público ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre otros casos ya juzgados y otros pendientes de juicio. La Fiscalía sí confirmó que es la primera vez que se solicita en Galicia.