El Ministerio Fiscal pide penas de prisión que suman más de 130 años de cárcel y multas millonarias a cada uno de los 18 miembros de una supuesta banda de narcotraficantes que actuaba en Mallorca y que estaban liderados por un empresario que poseía una franquicia de bares de tapas en Palma. Constituían una banda organizada que actuó entre 2010 y 2011.
