Ni robos ni atracos ni agresiones ni fraudes. La comisaría viguesa se encuentra inmersa en una problemática que está levantando ampollas a nivel social: el acoso escolar y la distribución de imágenes de contenido sexual a través del servocio de mensajería WhatsApp. Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional (UFAM) trabajan en más de media decena de casos en donde las víctimas, menores de edad, sufren la coacción y amenazas de otros compañeros que ansían subir a la red o enviar a través de servicios de mensajería imágenes comprometedoras de otros jóvenes. ¿De dónde parten estas denuncias? Principalmente, de los padres. Son éstos quienes, asustados ante el auge de episodios que se están registrando en los últimos meses contra la libertad sexual de menores instan a la comisaría su investigación. "Normalmente no son circunstancias graves pero su pronta reacción puede evitar que se reproduzcan situaciones mucho peores", señalan fuentes de la comisaría olívica.
Reconocen desde la comisaría que la oleada de casos, sumados a las causas habituales a los que hacen frente los agentes que trabajan en la UFAM, satura el trabajo de la unidad. "Desde episodios de 'bullying' hasta ciberacoso o delitos contra el honor e intimidad; en este principio de año se ha producido un aluvión de denuncias e investigaciones sobre este aspecto", resaltan fuentes de la Policía Nacional de Vigo.
Chantejes o coacciones
Gran parte del material sobre el que trabajan los agentes versa en grabaciones que estos jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y 15 años, realizan a sus parejas y que, una vez finalizada esta relación, son chantajeados o coaccionados para no enviarlas al resto de compañeros o distribuirlas entre sus amistades en las redes sociales. "En buena parte de las situaciones pasa esto: padres que acuden a comisaría porque han encontrado en el móvil de sus hijos menores vídeos o imágenes de contenido sexual de alguno de sus compañeros por lo que piensan o consideran que se está produciendo una situación de acoso que pudiera derivar en ilícitos de violencia de género o revelación de secretos", añaden los agentes de esta unidad creada en el 2015 y dedicada también a la investigación de casos de violencia doméstica, de género y sexual, como por ejemplo violencia contra menores, malos tratos filio-parentales, contra personas mayores o que sufren alguna discapacidad.
Recuerdan estas mismas fuentes policiales que estos hechos no siempre constituyen delito, sin embargo reiteran que se investigan como si fuera un caso real. "Muchos padres solo quieren conocer qué deben hacer ante esta situación y preguntan si, atendiendo a la gravedad del hecho, se dan todos lo suppuestos para ser considerado un delito o no", apuntan.
En esta semana tuvo lugar un caso semejante en Alicante. Un menor de 15 años fue detenido acusado de haber grabado vídeos e imágenes de contenido sexual a su expareja de 13 años, "sobre la que ejercía un ferreo control y chantajeaba"- según informaba la Policía Nacional de Alicante- y mostrarlos luego a varios amigos comunes. El arrestado habría incurrido en delitos de violencia de género, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción de menores.
