El juzgado de A Coruña que lleva el caso del parricidio que ha conmocionado a toda Galicia analizará los informes que le remitan sobre el estado mental del vecino de esa ciudad que presuntamente mató a su hijo de 11 años a golpes el pasado domingo, Día de la Madre. La situación en la que se encontraba el detenido cuando supuestamente cometió el crimen es una de las claves sobre las que gira la investigación, pues en caso de que tuviese alteradas sus facultades intelectivas o volitivas, eso atenuaría la condena. Incluso podría ser declarado inimputable, es decir, que no respondería del delito con penas de prisión, sino con el cumplimiento de determinadas medidas de seguridad, como el ingreso en un centro psiquiátrico, si se prueba que no estaba en condiciones de comprender las consecuencias de sus actos.

El instructor de la causa considera que el investigado, que desde el jueves permanece encarcelado, mató a su hijo para dañar a su exmujer, por lo que además de un delito de asesinato u homicidio, le imputó otro delito de atentado contra la integridad moral de su expareja. El magistrado evaluará los informes sobre la situación psíquica del sospechoso, que fue detenido en un hostal de San Roque en A Coruña y, tras confesar el crimen, condujo a los agentes hacia el lugar exacto del bosque de eucaliptos de la parroquia de Rodeiro, en el municipio de Oza-Cesuras, donde había dejado el cadáver.

Al lado del cuerpo del pequeño había una pala. El acusado, según fuentes de la investigación, lo mató asestándole golpes con un objeto contundente en la cabeza. Fuentes cercanas al caso apuntan a que el arrestado estaba medicado, si bien sostienen que no tiene ninguna enfermedad psíquica diagnosticada.

Médicos forenses

El vecino del barrio coruñés de Labañou fue examinado por médicos forenses el jueves antes de trasladarlo ante el titular de Violencia sobre la Mujer. Los expertos determinaron que estaba en condiciones de prestar declaración. El detenido, sin embargo, se negó a responder a las preguntas, al igual que hizo previamente en las dependencias policiales de Lonzas, por lo que apenas permaneció diez minutos dentro de la unidad judicial que investiga el caso.

Abogados penalistas coruñeses consultados destacaban ayer que en este tipo de casos suelen recomendar a los detenidos acogerse a su derecho a no testificar. La defensa del acusado la asumió una abogada que estaba en el turno de oficio del Juzgado de Violencia sobre la Mujer coruñés cuando sucedieron los hechos, si bien el caso podría ser derivado a otro letrado de pago.

El sospechoso fue denunciado por su exmujer en 2008 y 2013. En el primer caso fue condenado por delito de coacciones. En el segundo, fue investigado como presunto autor de un delito de amenazas a través de redes sociales, pero el caso fue sobreseído al no ser posible acreditar quién cometió los hechos. El procesado cumplió una orden de alejamiento de su exesposa entre los años 2010 y 2013.

Y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima, situada en la calle Nóvoa Santos de A Coruña, ofició ayer un funeral por el niño asesinado. La ceremonia religiosa fue iniciativa de los abuelos.