La causa por la muerte del batería de Los Piratas, Javier Fernández, ha completado ya todos los trámites previos al juicio que, todavía sin fecha, sentará en el banquillo al guardia civil que disparó al músico en su casa de la parroquia ponteareana de Guláns en agosto de 2015. Tras la presentación del escrito de la Fiscalía, que solicita el archivo del caso con respecto al agente, y de los formulados por las acusaciones particulares, que demandan que sea condenado a 4 años de prisión y 6 de inhabilitación por la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional, recientemente ha sido la defensa quien formuló su escrito demandando la libre absolución. El abogado del guardia alega que éste se vio "obligado" a disparar a Javier "en evitación de males mayores", concretamente para evitar "la propia muerte" del compañero del cuerpo que lo acompañó en aquella intervención.

El Juzgado de Instrucción 2 de Ponteareas recibió este febrero tanto el escrito de defensa del acusado como el del abogado del Estado, en este caso debido a que se pide la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio del Interior. En referencia al escrito del guardia civil, su abogado, en 28 páginas, expone las razones por las que solicita la libre absolución del agente, argumentando que su cliente no es autor de ninguna conducta delictiva y que no existe responsabilidad penal. Subsidiariamente entiende que concurren las eximentes de legítima defensa y cumplimiento de un deber. Sólo en el "improbable supuesto" de que se considerase culpable a su patrocinado sin aplicarse las eximentes alegadas, demanda que la pena sea reducida "a su mínima expresión".

Ocurrió el 26 de agosto de 2015. La defensa sostiene que el agente acusado y el otro guardia civil, ambos del cuartel de Ponteareas, fueron al domicilio del músico a raíz de que se había recibido una llamada "por un posible delito de violencia de género". Allí se toparon con la mujer de Javier Fernández "con síntomas de haber sufrido una agresión", mientras el músico "permanecía encerrado en la casa alterado y agresivo reteniendo al hijo de ambos", si bien el pequeño fue rescatado por un amigo de la familia.

Esta parte argumenta que el batería estaba "agresivo", profería amenazas de muerte y se hizo con un tenedor y un cuchillo. La versión de la defensa es que Javier se abalanzó contra el guardia civil que iba con el agente acusado, "intentando clavarle" con los referidos cubiertos "en el cuello o en el rostro, así como en el costado". En un momento dado, según esta parte, el batería le dio un golpe "en el centro del rostro", desequilibrándolo y arrinconándolo. Ante esta situación, fue cuando el acusado actuó. "Se vio obligado a efectuar un disparo en evitación de males mayores, la propia muerte de su compañero [...] Dada su condición de profesional de la seguridad pública y contando tan sólo con la pistola como medio de defensa, apunta su arma a las extremidades inferiores de Javier y efectúa únicamente un disparo con la evidente intención de provocar su separación del agredido y su inmovilización". La bala acabó penetrando por el abdomen y perforó la vena cava.

Por otra parte, Gerardo Gayoso, abogado de la viuda del batería, presentó un escrito en el juzgado instructor señalando que hubo un "error" al r emitir la causa para juicio a un juzgado Penal, cuando la "competencia objetiva" es de la Audiencia Provincial.