15 de febrero de 2017
15.02.2017

El fiscal pide 13 años de cárcel para los guardias civiles de Pontevedra acusados de filtrar información a narcos

Sostiene que los "soplos" de los dos agentes frustraron operaciones antidroga en curso - Robaron información personal sobre los investigadores especializados en la lucha contra el narcotráfico

15.02.2017 | 02:31

La Fiscalía Provincial de Pontevedra, en un escrito rubricado por el todavía fiscal antidroga Luis Uriarte, solicita penas que suman 13 años y medio de prisión para cada uno de los dos guardias civiles de la Comandancia pontevedresa acusados de difundir información clasificada y secreta entre grupos criminales, preferentemente de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Se trata de los agentes Javier L. P., en el momento de los hechos integrante del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia (ECO-Galicia); y Diego F. C., de la Sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y que compartía dependencias con Equipo de Drogas y Crimen Organizado de Pontevedra, algo que, según el fiscal, le permitía acceder a sus equipos. El fiscal les atribuye los delitos de integración en grupo criminal, revelación de secretos y encubrimiento y un delito contra la intimidad cometido por funcionario público. Además de las penas de prisión, reclama su suspensión de empleo público durante tres años e inhabilitación absoluta por otros doce.

El fiscal también formula acusación contra el que considera que actuaba, en ocasiones, de enlace entre los dos agentes y los grupos de narcotraficantes. Se trata de Juan Carlos S. N., un vecino de Vilanova vinculado "policialmente" con el narcotráfico, según el escrito de acusación.

En su escrito, el fiscal relata cómo los dos agentes difundían información de investigaciones judiciales en marcha declaradas secretas haciendo llegar a las personas investigadas fotos realizadas por la Guardia Civil de sus reuniones, pantallazos de ordenador con el estado de las actuaciones y las personas investigadas así como otra información que, por ejemplo frustró una operación en la que se trataba de desactivar una red que llegó a gestionar envíos de unos mil kilos de cocaína a través de los puertos españoles.

A raíz de la información filtrada los investigados extremaron sus medidas de seguridad y la operación se fue al traste. Lo mismo ocurrió con otra investigación sobre un presunto narcotraficante de Vilagarcía, que acabó archivada, o la operación bautizada como "Azúcar Amargo" que se fue al garete tras varios meses de trabajo de un juzgado de Instrucción de Vigo.

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