Carlos E. G. I., el hombre de 35 años que sembró el pánico este miércoles con 6 disparos de escopeta en un supermercado de Ourense, irá a la cárcel pero antes debe ingresar por orden del juez de guardia en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para un estudio psiquiátrico.
Los facultativos deberán comunicar al juzgado el informe y diagnóstico del joven "por si procede revisar o complementar esta resolución". El investigado ingresó en el CHUO_por el servicio de urgencias y fue llevado al módulo para reclusos existente en el hospital Santa María Nai, donde hay vigilancia policial las 24 horas y las adecuadas medidas de seguridad. El comisario jefe de la Policía Nacional, Antonio Álvarez, considera que "cuando pasen unos días, con la asistencia médica irá reaccionando".
El médico forense lo evaluó ayer y concluye que el autor del incidente del súper presenta un trastorno psicótico de fondo, "en este momento no florido, sin síntomas productivos actuales o manifiestos".Todo hace indicar que el investigado sufrió un brote psicótico que lo llevó a coger la escopeta de caza de su padre y bajar al Mercadona. El joven no estaba diagnosticado.
Después de la evaluación forense, el investigado fue puesto en presencia del juez. Se acogió a su derecho a no declarar -como hizo en comisaría-, excepto a unas preguntas de su letrado que no estaban relacionadas con los hechos. Carlos E. G. I. solo confirmó que el jueves -su segundo día en calabozos- fue visto por un médico tras manifestar problemas de insomnio.
Le atribuyen cinco delitos
La instrucción deberá determinar qué delitos cometió, su grado de responsabilidad y si cabe algún tipo de atenuante o eximente por su estado mental. La Policía Nacional calificó los hechos del súper como constitutivos de varios delitos, incluido el de homicidio doloso en grado de tentativa. El fiscal y el juez descartan esa posibilidad. Inicialmente, y a expensas de la fase de instrucción que apenas comienza, el episodio se califica con los delitos de robo con violencia e intimidación -pese a que este no se considera el móvil de los hechos, el hombre tenía en el bolsillo 1.200 euros de una caja-, atentado a agente de la autoridad -por el supuesto disparo dirigido al policía local que estaba fuera de servicio-, así como daños, tenencia ilícita de armas y desorden público.
El abogado de la defensa, Javier González Sánchez, del despacho Atrio Abad, -asume el caso por el turno de oficio- aún no ha tenido acceso a todas las diligencias, como la copia completa de las grabaciones de seguridad. El letrado estudia la posibilidad de recurrir el auto de prisión. Considera que su defendido podría permanecer en libertad provisional, perfectamente estabilizado, una vez sea tratado en la unidad de agudos del CHUO. Si fuese necesario, añade, se plantea la posibilidad de solicitar segunda opinión médica.
