Los presuntos delitos de extorsión, amenazas y organización criminal que se investigan en la Operación Vida se entremezclan con otros de naturaleza económica, como presunto blanqueo de capitales o delitos contra la Seguridad Social. El peritaje tributario designado en la investigación analiza más de una decena de empresas en las que participaron en distinto grado los investigados, miembros directos de la familia de Los Morones o personas de confianza.
La mayor parte de éstas se constituyeron bajo la figura de Sociedades Cooperativas Galegas, pero otras eran sociedades limitadas. Fueron creadas y liquidadas en los últimos años. Nunca habrían estado en funcionamiento más de tres o cuatro a la vez, según explican fuentes relacionadas con la causa. Tampoco todos los investigados formaron parte de las estructuras de todas las sociedades, sino que los cargos variaban en cada caso.
El servicio de prevención de blanqueo ha comenzado, presumiblemente, sus averiguaciones confidenciales y la pericial está en fase de recopilado de datos, volcando toda la documentación de las distintas empresas que posee la asesoría de Vigo con la que trabajan Los Morones. Después analizará toda la información recopilada, con especial atención en los movimientos de dinero entre ellas o con los pagos realizados a través de esas sociedades.
La querella de la Fiscalía con la que arrancó esta investigación de un juzgado de Cangas se dirigía contra 13 personas y habla de una posible "organización criminal" con cobros irregulares a los integrantes de las cooperativas que trabajaban en los mercadillos ambulantes de Cangas, Moaña, Sabarís (Baiona), Vigo, Pontevedra, Porriño, Tui, Barro y Ponteareas. Los pagos de los que hablan los testigos serían de 150 euros al mes por vendedor para gestiones de Seguridad Social o ante concellos, además de otras cantidades por el montaje de los puestos. Según los testigos que declararon, a los vendedores que no se avenían a pagar se les impediría instalar sus puestos.
La querella señala que los patriarcas -Olegario y su mujer Flora- así como sus hijos Sinaí, Saúl, Marino y Juan Paulo no tendrían propiedades inmobiliarias a su nombre, aunque se les relaciona con varias y se les considera propietarios de vehículos.
