La presunta red de narcotraficantes desarticulada en la Operación Jaula está próxima a juicio en Vigo. Con la instrucción del caso ya finalizada, el fiscal acaba de presentar su escrito de calificación, en el que solicita penas que en global suman 74 años y medio de prisión y más de 40 millones de euros en multas para el presunto líder de la organización, Antonio Manuel B.I., -un narco de Granada que estaba prófugo de la Justicia y utilizaba dos identidades falsas- y para los otros cinco presuntos miembros de esta red. El operativo contra la banda derivó en octubre de 2014 en la intervención de un alijo de 54 kilos de cocaína valorado en más de dos millones de euros que llegó al puerto de Marín oculto en un palé de fruta (plátanos) procedente de Colombia a bordo de un buque.
La vista será en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo. El fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra, Luis Uriarte, acusa de delito de tráfico de drogas agravado por la notoria importancia de la cantidad de droga intervenida y porque se cometió en el seno de una red jerarquizada, motivo por el que también aprecia delito de organización criminal. En el caso del supuesto cabecilla y otro procesado acusa asimismo de falsedad por el uso de identidades falsas.
La mayor pena se solicita para Antonio Manuel B.I., de 53 años, que cuando cayó en esta operación se le buscaba para cumplir una condena de 17 años de cárcel por otro caso de tráfico de drogas. Por el actual se enfrenta a otros 18 años y medio, así como multa de 10 millones de euros y otra sanción de 3.600 euros. Para A.M.V., argentino afincado en Barcelona de 49 años, la pena que se pide es de 13 años, así como multas, una de 6 millones y otra de 3.600. Al considerado mano derecha del líder, J.M.B., un vecino de Córdoba de 45 años, la solicitud es de 10 años y medio de cárcel y sanción de 6 millones, idéntica pena que se interesa para oros dos: J.L.P., un sevillano de 40 años; y A.S., ruso de 36 que estaba afincado en Vigo. Finalmente, A.C.S., natural de Bueu pero vecino de Cangas, afronta 11 años y medio de cárcel. Es el único, junto al cabecilla, al que se le aplica la circunstancia agravante de reincidencia.
Hechos
El fiscal considera que los acusados, junto a otras personas que no pudieron ser identificadas, formaban parte de una organización criminal que tenía como fin introducir en España cocaína, para lo cual, refiere la acusación, contaban con medios técnicos y dispositivos electrónicos avanzados, así como una estructura jerarquizada con reparto de funciones.
La red vio frustrado un envío en mayo de 2014, que debería haber llegado por el puerto de Marín, ya que la droga fue descubierta en Panamá. La banda preparó otro envío para octubre de ese año, pero la Guardia Civil, que estaba tras su pista, se incautó de la droga en la rada marinense: era un alijo de 54 kilos de coca que llegó desde Colombia en un barco. Los acusados se movían para su actividad en tres Audi y un Renault.
