El autor de la mayor estafa a inmigrantes destapada en Vigo alcanzó ayer un pacto con la Fiscalía que le permite eludir su ingreso en prisión al aceptar 2 años de cárcel frente a los 15 que inicialmente solicitaba el Ministerio Público. Jorge Saborido Pérez, un pensionista que regía una gestoría de Vigo que tuvo por titulares a sus hijos y hasta a una empleada porque él no podía figurar, admitió que se lucró con la entrada ilegal de inmigrantes subsaharianos a quienes cobraba entre 4.500 y 7.000 euros. En unos casos conseguía la residencia para sus víctimas mediante contratos falsos dándoles de alta en su propia oficina como gestores financieros, y en otros se hizo pasar por abogado de una ONG o agente de la Guardia Civil y se comprometía a regularizar su situación en España, trámites que ni siquiera inició aunque cobró.
El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo le aplicó ayer las atenuantes de dilaciones indebidas, el caso se destapó en el año 2009, y de reparación del daño, pues antes del juicio depositó los 30.000 euros de indemnizaciones que corresponden a la veintena de inmigrantes estafados. También tendrá que abonar una multa de 900 euros. La sentencia, dictada in voce es firme ya que ninguna de las partes recurrirá.
El acusado se confesó autor de un delito de tráfico ilegal de ciudadanos extranjeros e inmigración clandestina con ánimo de lucro en concurso con un delito continuado de falsedad documental, por lo que se le impone un año de cárcel. Asumió, también, otro delito contra los derechos de los trabajadores por lo que se le imponen 6 meses de cárcel y otros 6 meses por un delito continuado de estafa.
Jorge Saborido asumió ante el tribunal que cometió todos los delitos en solitario y admitió que había falseado las firmas de sus dos hijos, que figuraron en distintas épocas al frente del negocio pues él no podía al ser incompatible con su condición de pensionista.
Así, confesó que "con la intención de obtener un beneficio económico de cáracter ilícito" y en "menoscabo de los derechos de los ciudadanos extranjeros" favoreció la entrada ilegal en espacio Schengen de varios inmigrantes senegaleses que se encontraban en situación irregular. Actuaba de tres formas distintas. En unos casos viajaba a Senegal con el inmigrante, tras simular ante las autoridades competentes que precisaba de sus servicios laborales, y solicitaba en el consulado de España en Dakar un visado por tres meses de residencia y trabajo. Entonces regresaba con el inmigrante y presentaba en la Subdelegación del Gobierno una falsa oferta de empleo en su propia correduría de seguros. Hacía ir varios días al inmigrante, sin ocupación alguna, por si iba algún inspector. Una vez obtenida la residencia le daba la baja en la Seguridad y le obligaba a buscarse un trabajo para no perderla, a la vez que con amenazas seguía exigiéndole el pago de la cantidad pendiente.
En otras ocasiones actuó como intermediario en la contratación laboral de varios senegaleses, pese a carecer de permiso de agencia de colocación, y obtenía ofertas de empleo de empresas que ofrecía a trabajadores extranjeros en situación irregular.
Finalmente, también asumió que "a sabiendas de la situación de necesidad de muchos senegaleses en situación irregular en España que necesitaban de forma apremiante un permiso de trabajo y residencia" ofreció sus servicios haciéndose pasar por abogado o guardia civil y les convencía de que podía regularizar su situación a cambios de ciertas cantidades de dinero. En algunos casos no llegó a realizar trámite alguno.
