La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ha retomado este lunes el macrojuicio por el denominado fraude del gasóleo, que continúa contra cuatro acusados tras los acuerdos alcanzados en noviembre del año pasado por los otros 17 procesados con la Fiscalía.
En esta nueva sesión se pudo escuchar el testimonio de los cuatro acusados, los funcionarios de Aduanas José Carrón González y José Ángel Corcoba Conde y los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, responsables de la estradense Carburantes Acibro. Todos ellos se han declarado inocentes.
El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, los considera responsables de seis delitos contra la hacienda pública y otro de falsedad (en el caso de los agentes del SVA como "cooperadores necesarios"), por lo que pide penas que suman 28 años de prisión para los empresarios y de 25 años para los funcionarios.
No obstante, la dilación de este proceso --más de quince años desde que se inició la instrucción judicial-- obligará a rebajar sensiblemente esta petición de condena. Previsiblemente, se situará en torno a los siete meses de prisión por cada uno de los seis delitos fiscales y el de falsedad, además de fuertes multas.
En el caso de José Carrón González, que era jefe provincial en Pontevedra de Servicio Vigilancia Aduanera (SVA), ha explicado ante el tribunal que su detención le "pilló desprevenido". Fue su jefe regional quien le anunció que le iban a detener. Tras eso, quedó en "shock", por lo que no supo explicar ante el juzgado lo que estaba pasando.
Según declaró este lunes, estaba realizando una investigación "sobre una petrolera a nivel nacional por la venta de gasóleo a bajo precio", por lo que hacía labores de "infiltrado" para "obtener información". Por ello, simulaba "cierta connivencia" con los intereses de los otros acusados, a quienes tenía engañados "más o menos".
Por su parte, José Ángel Corcoba, como agente de investigación del SVA, era uno de los encargados de llevar a cabo las inspecciones en las empresas investigadas, pero negó que alertasen a las empresas antes de cada visita o que tuviese amistad con los empresarios investigados.
Empresarios
También los responsables de Carburantes Acibro, los hermanos Juan Castro García y Jesús Ángel, negaron los hechos. El primero, porque aseguró que él solo era "un mero recadero" y que desconocía todos los detalles de la administración.
El segundo descartó cualquier tipo de fraude por los exhaustivos controles a los que estaba sometida esta firma investigada, a la que el fiscal imputa la mayor parte del fraude que supuestamente sufrió la hacienda pública y que en el caso de Acibro sitúa en torno a los 15,4 millones. El juicio continuará durante toda la semana.
