Importante golpe contra la trata de mujeres y el blanqueo de capitales. La Policía Nacional conjuntamente con la Agencia Tributaria ha de-sarticulado cinco organizaciones criminales que explotaban clubes de alterne situados en distintos puntos de España y que ocultaron 400 millones de euros obtenidos con esta actividad en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones. La operación se saldó con un total de 66 detenidos en todo el país: uno de estos arrestos se practicó en Vigo y, según confirmaron fuentes oficiales, se trata del presunto testaferro de uno de esos establecimientos. Las bandas, gracias a un complejo sistema de ingeniería financiera, blanqueó los beneficios obtenidos mediante un entramado societario que giraba en torno a una empresa de Guipúzcoa que llevaba desde 2010 bajo investigación.

Los cinco años de indagaciones se saldaron, además de con los detenidos, con el registro de un total de 14 clubes y 21 domicilios, así como con el análisis de más de 750 cuentas bancarias. Los agentes se incautaron de 1,2 millones de euros en efectivo, obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo -alguno valorado en 30.000 euros-, así como de cuatro armas de fuego y munición. También se bloquearon, por orden judicial, 419 inmuebles, 160 vehículos, 7 embarcaciones y cuentas bancarias en más de 30 entidades financieras.

La operación policial posibilitó la localización de 349 potenciales víctimas de explotación en los clubes. La mayoría son jóvenes extranjeras "procedentes de los estratos sociales más bajos" de sus países de origen. En los clubes donde eran explotadas, informa la Policía Nacional, eran obligadas a acatar las normas impuestas por las organizaciones sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes o cómo realizar los servicios sexuales -imponiéndoles criterios como la no utilización de preservativos para determinados actos-. Tenían un sistema de multas que debían abonar por situaciones como llegar tarde a la sala.

Cada una de las bandas tenía además criterios propios. Así, una de ellas, por ejemplo, había empezado a contratar a las mujeres explotadas en sus clubes, obligándolas a pagar los gastos e impuestos ocasionados, para eludir así las posibles responsabilidades ante una inspección o actuación policial. Otra de las redes, especialmente violenta, llegó a asestar palizas y a amenazar a las jóvenes para que ejerciesen la prostitución.

Lo que tenían en común las redes era que eran selectivas con las mujeres -llegando a rechazar a algunas por pertenecer a determinada etnia o raza-. Y que los clientes debían abonar los servicios sexuales con tarjeta, usando para ello TPVs específicos. Una operativa que evolucionó hasta el punto de que en ciertos casos se sustituyeron los TPVs por auténticos dispensadores de dinero. Comentarios en foros de internet de esposas de clientes reflejando sus sospechas sobre el abono con tarjetas en esos locales, llegando a citar el nombre de la sociedad que figuraba como receptora de los pagos, fueron de ayuda en la investigación.