María Isabel Fuentes Fernández, la primera víctima de la violencia machista en Galicia este año, ya reaccionaba a algunos estímulos y había mejorado del coma en el que la sumió una brutal agresión en su domicilio de Verín, a manos de unos asaltantes, según había relatado su marido. Remontaba tras su ingreso en estado crítico con un fuerte traumatismo en la cabeza, el pasado 2 de abril, y una larga convalecencia que la mantuvo casi un mes en Reanimación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Fuentes médicas subrayan que hoy mismo estaba previsto que le cerraran una traqueotomía, un paso más para llegar a comunicarse. Entre las 6 y las 7 de la mañana de ayer, su marido, Aniceto Rodríguez Caneiro, de 75 años, en el punto de mira de la Guardia Civil como posible autor del ataque previo en el domicilio conyugal de Pazos (Verín) que quiso disfrazar de robo, acabó con su vida a los 66 años e intentó suicidarse.
Los peores augurios, desatendidos por la magistrada de Violencia de Género de Verín que investigaba el supuesto robo, se confirmaron a puñaladas. Isabel falleció en la propia cama del hospital donde luchaba por su vida, víctima de varias cuchilladas en el abdomen y en el pecho propinadas por su marido, que después se autolesionó. "Se ensañó con ella", comentaba el personal del hospital. La Policía, que ayer interrogó a las primeras personas que llegaron a la habitación, no confirma el número de puñadas que recibió a la espera de la autopsia.
Al brutal agresor los médicos le salvaron la vida. Fue intervenido de urgencia tras intentar suicidarse con el mismo cuchillo de cocina del crimen. Por la tarde tuvo que volver a ser intervenido en quirófano, otra vez. Anoche descansaba ya fuera de peligro en Reanimación, el mismo servicio donde salió adelante su víctima. Al agresor le custodian ahora en su cama del hospital dos efectivos de Policía Nacional durante las 24 horas del día. Ayer todavía no estaba en condiciones de ser interrogado, pero será acusado de asesinato. La juez de guardia de Ourense lo enviará a prisión provisional o, si su estado no mejora, podría ingresar en el módulo penitenciario.
El hombre al que la Guardia Civil consideraba el probable agresor de su esposa en un atraco fingido el pasado 2 de abril en el domicilio del matrimonio en Pazos (Verín), la acuchilló hasta la muerte en su cama de la habitación 417 del Complexo Hospitalario de Ourense nada más salir de la UCI. Los investigadores, y en especial el grupo liderado por el sargento de Policía Judicial de Verín, están consternados.
Pese al pálpito de la Guardia Civil sobre un caso de violencia de género y a que los agentes pidieron más seguridad para la mujer a la magistrada a la que le tocó resolver el supuesto robo de Verín -no tenían pruebas suficientes para detener a Aniceto aunque lo plantearon en conversaciones en su despacho-, la mujer fue una víctima propicia y desprotegida. A pesar de las sospechas que lo apuntaban como presunto autor del primer ataque, el agresor no llegó a ser detenido ni imputado ni contaba con medidas cautelares.
De hecho, se quedó varias noches a dormir en la residencia, en la butaca de las visitas. Aniceto Rodríguez acompañó a la paciente en varias de sus últimas noches. La mató a primera hora de ayer tras pernoctar en la habitación. La Guardia Civil sabía del riesgo y previno, de forma verbal y por escrito, a la magistrada de Verín. Pidió medidas de protección, que fueron denegadas por la autoridad, y además el sargento de zona de la Policía Judicial mantuvo conversaciones alertando del esposo. El Tribunal Superior de Xustiza informó ayer de que los agentes "nunca solicitaron una orden de alejamiento".
La titular de Primera Instancia e Instrucción Número 1, Cristina María Fernández Viforcos, rechazó el pasado 28 de abril intervenir el teléfono del marido así como adoptar medidas de protección, tras rebajar a "conjeturas y suposiciones" la hipótesis de un plan homicida que sostenía la Guardia Civil una vez que desmontó, con la inspección ocular, la posibilidad de que la mujer hubiera sido víctima de una agresión de asaltantes.
"Hoy por hoy no se cuenta con ningún indicio firme ya sea de testigos, antecedentes de violencia, mala relación entre los esposos o datos físicos como huellas, ADN o similares, que nos permitan sostener que existen datos más allá de las meras conclusiones fundadas en conjeturas a las que llegan los agentes de la investigación, pero de todo punto insuficientes para acordar la medida solicitada". Así zanjó la juez, en un auto del pasado 28 de abril, la advertencia de la Guardia Civil de Verín. De hecho, los vecinos y el entorno no daban crédito ayer a los hechos. Aseguran que Aniceto "se desvivía" por la mujer y era "muy cariñoso". Pero los investigadores apreciaban un riesgo y contradicciones en su declaración sobre el robo ficticio que los hechos confirmaron ayer de forma fatal.
Por eso los agentes pedían amparo legal. El 7 de abril solicitaron una orden para pinchar el teléfono del esposo, y que se requiriera al hospital para mantener a la víctima durante más tiempo en reanimación o un área similar "donde pueda estar vigilada, con las visitas restringidas en todo momento, ya que si se trasladase a planta, Aniceto, el principal sospechoso de los hechos, va a tener acceso a ella las 24 horas del día, con el peligro que eso supone", plasmaron por escrito en su informe a la juez.
Tampoco la magistrada accedió a esta propuesta. La rechaza en una providencia del mismo 28 de abril, el día antes a que la víctima saliera de reanimación a una habitación. "Se acuerda que no ha lugar a dicha diligencia toda vez que ya se ha oficiado a dicho hospital para que comunicasen a la mayor brevedad el traslado de la lesionada a la planta desde el servicio de reanimación, en cuyo caso si procediese se adoptarían medidas adecuadas".
Vigilaban de paisano
El responsable de la investigación se comunicaba con frecuencia con el personal médico para saber de la evolución de Isabel. Agentes de paisano efectuaban seguimientos en el propio hospital, intentando no llamar la atención del marido. Comprobaron que el hombre la visitaba cuando se encontraba en reanimación -los horarios de visitas son muy restringidos- y de manera más habitual, en la habitación 417 del CHUO, durmiendo a su lado sin que ninguna medida legal se lo impidiese.
Pese a que una versión policial aseguró que la víctima comunicó a los médicos que no quería ver a su marido, los agentes no llegaron a tomarle declaración porque, pese a que respondía a estímulos, aún no estaba en condiciones de hablar, según fuentes de la máxima solvencia.
María Isabel Fuentes Fernández salió del coma por el fuerte traumatismo que recibió en la cabeza -perdió masa encefálica- y fue trasladada, el pasado 29 de abril, desde el servicio de Reanimación, donde los pacientes están monitorizados y el control de visitantes, incluido familia directa, se limita a dos turnos de media hora al día. La víctima de violencia de género fue derivada al ala de ampliación de la cuarta planta, porque la Guardia Civil, ya que no tenía el apoyo judicial para minimizar los riesgos que sospechaba, pidió al hospital una habitación próxima al puesto de las enfermeras. Dicen fuentes del Instituto Armado que también estaba al tanto del caso el servicio de seguridad del centro, una función que realizan agentes de una empresa contratada
Tras el asesinato, cometido poco antes de las 7 de la mañana de ayer, una enfermera de la cuarta planta, del turno de noche, descubrió la escena macabra: el cadáver de María Isabel Fuentes Fernández yacía en la cama y el presunto homicida estaba tendido en el suelo después de haberse autolesionado en las muñecas, el pecho y el cuello. Un guardia de la seguridad privada del hospital ourensano fue el que arrebató el cuchillo al asesino.
Tras un caso tan traumático, el Complexo Hospitalario de Ourense puso a expertos a disposición de los principales testigos del macabro crimen. Personal psicológico apoyó a la compañera de habitación del hospital donde fue perpetrado el asesinato, así como a la enfermera que encontró el cadáver, y al personal sanitario. El colectivo sanitario, que se concentró ayer en repulsa por el crimen a las puertas del CHUO, está abatido.
Entre el dolor y la incredulidad, los residentes de Pazos (Verín) llevan con aflicción las revelaciones sobre la muerte de su vecina María Isabel Fuentes Fernández, asesinada a los 66 años por el hombre que, aseguran, "se desvivía por ella" y mostraba "gestos cariñosos". Nada más lejos de la realidad.
El luto domina la localidad y la comarca verinesa desde que trascendió la noticia. Por la mañana, tuvo lugar un acto de repulsa al crimen machista en el que las escenas de dolor y rabia no podían reprimirse. Todos los partidos suspendieron, en buena lógica, la campaña. Concluida la autopsia por parte de los forenses en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), el cuerpo de la víctima fue trasladado al tanatorio La Paz, que se encuentra en las proximidades del Polígono de Pazos. Esta tarde, a las siete, la iglesia parroquial acoge la misa funeral y entierro de la última víctima del machismo.
Observatorio de Violencia
La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, anunció que la institución va a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias que han concurrido en la muerte de esta mujer a manos de su marido en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), en el que llevaba un mes ingresada por una agresión anterior, que su marido atribuyó a un intento de robo.
Carmona ha explicado que las actuaciones relativas a aquella primera agresión "se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que no es posible conocer si alguna de las partes pidió orden de protección para esta mujer por tener indicios de violencia de género o si el juez tenía información suficiente para considerar esta posibilidad".
Aún así, el Observatorio abrirá una investigación "para saber cómo han sido las circunstancias", y conocer si "ha existido o no algún fallo de coordinación o algún problema". Carmona explica "a nivel genérico" que un juez puede dictar de oficio una medida cautelar o una orden de protección sobre una mujer si considera que es necesario, aunque advierte de que para ello, debe tener información suficiente en la que fundamentar su decisión. En este caso, no existía orden de alejamiento que impidiese al marido acercarse a la habitación del hospital.
