La familia de Sonia Iglesias Eirín afronta mañana el cuarto aniversario de la desaparición de esta vecina de Pontevedra, con el caso archivado por el juzgado, el único imputado hasta el momento (el compañero sentimental de Sonia, Julio Araújo) ya desvinculado de la acusación y con el inicio de los trámites para demandar la custodia legal del hijo de ambos, que el próximo octubre cumplirá 13 años.

Tanto la familia como la Fiscalía han presentado recurso contra el auto que archiva provisionalmente la causa. Para los allegados de la víctima, una errada investigación policial ha llevado a este archivo de la causa, sin que ningún sospechoso haya llegado a sentarse en el banquillo de los acusados.

Sonia Iglesias desapareció con 38 años de edad en la mañana del 18 de agosto de 2010. Su rastro se perdió en la calle Arzobispo Malvar, en pleno centro de Pontevedra, después de acudir a una tienda de reparación de calzado. Tras cuatro años de infructuosas investigaciones, el juzgado ha decidido en los últimos días archivar el asunto.

Como única reacción posible a esta situación, la familia, además de presentar un recurso, ha convocado una manifestación para exigir que se mantenga la investigación que pueda aportar alguna luz sobre el paradero de Sonia Iglesias. Será el viernes 22 de agosto, a partir de las 21.30 horas en Pontevedra. "Todos somos Sonia" es el lema de la pancarta tras la que cada año se sitúan sus padres, su hermana, su cuñado, sus amigos, así como cientos de pontevedreses que en cada convocatoria arropan desde hace cuatro años a la familia, para reclamar alguna respuesta sobre su paradero.

Como reacción a la última decisión judicial, la familia también solicitará la "declaración de ausencia" de la víctima, que hasta ahora venía evitando por ser una decisión muy dolorosa.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado además que el compañero sentimental de Sonia, Julio Araújo, se someta al test de la verdad, técnicamente denominada "Potencial Evocado Cognitivo P300". Se trata de una prueba neurofisiológica que analiza la respuesta del cerebro ante una serie de estímulos externos, como preguntas y fotografías. Esta prueba tiene tantos partidarios como detractores en el ámbito judicial, ya que al margen de que no esté completamente demostrada su eficacia, para algunos juristas vulnera el derecho a la defensa del acusado, ya que en el ordenamiento jurídico el acusado no está obligado a declarar contra sí mismo y esta prueba neurofisiológica pondría sus sensaciones al descubierto aún contra su voluntad. Si finalmente el juez obligase a Julio Araújo a someterse a esta prueba, sería la tercera persona en España que se enfrenta al test P300. Antes lo hicieron Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo, y Antonio Losilla, imputado por la muerte de su cónyuge, Pilar Cebrián.

En cuanto a los trámites para solicitar la custodia del hijo de Sonia, su hermana Mari Carmen Iglesias declaró recientemente que si no lo hicieron antes fue "por miedo" a su padre. "Si no está conmigo, con ellos recientemente que si no lo hicieron antes fue "por miedo" a su padre. "Si no está conmigo, con ellos tampoco", afirma la hermana de Sonia que manifestó en su día Julio Araújo sobre esta posibilidad. Para la familia directa de Sonia, su compañero sentimental y durante un tiempo único imputado por la causa, "sabe más de lo que dice", señaló Mari Carmen Iglesias.

Este caso fue desarrollado inicialmente por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia de Pontevedra, en colaboración con la Brigada de Homicidios y Desaparecidos de Madrid. La investigación se llevó a cabo en un Juzgado de Instrucción, hasta que el año pasado se traslado al de Violencia sobre la Mujer. Qué ocurrió con Sonia Iglesias, sigue siendo un misterio cuatro años después.