El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil desarticuló una red dedicada al robo de ganado, falsificación documental y sacrificio irregular de reses cuyo destino era el consumo humano. En la operación, llamada Leoxato, fueron detenidas o imputadas un total de 20 personas de toda España, de las cuales cuatro pertenecen a Pontevedra. Concretamente, a la parroquia de Budiño, en Porriño, y a Mos. Otro de los arrestos tuvo lugar en Ourense, mientras que los demás pertenecen a León, Asturias, Valladolid, Zamora, Palencia y Madrid.

Según fuentes de la investigación, los cuatro implicados de la trama de Mos y Budiño son ganaderos que falseaban papeles de los animales, principalmente equinos -como en el resto de la operación-, de tal forma que un caballo que iría camino del matadero aparecía en los registros como ya sacrificado. Para ello, cambiaban la identidad del animal sustituyendo o implantando elementos de identificación (crotales o microchips) creados específicamente para esos animales. Posteriormente, para poder trasladarlos al matadero o a otra explotación utilizaban guías de origen y sanidad falsificadas con un sello veterinario. De esta forma conseguían dar visos de legalidad a la misma, por lo que era muy difícil detectarlo en caso de ser controlados en carretera o en la explotación.

Además de las imputaciones y detenciones, la Guardia Civil llevó acabo 14 registros e inspecciones, dos de ellos en domicilios, tres en mataderos y el resto en explotaciones ganaderas de Asturias, Madrid, Pontevedra, León, Palencia, Valladolid, Zamora y Ourense. En estos registros se intervinieron abundante documentación falsificada, guías, reseñas y pasaportes de animales, material informático, un sello veterinario, microchips, crotales y utensilios para la implantación de los mismos.

León, la clave

La operación Leoxato se inició en noviembre del pasado año, tras una denuncia presentada con motivo de la desaparición de numerosas cabezas de ganado bovino en la zona de las Omañas (León). Los agentes pudieron constatar como un grupo de personas podría estar dedicándose al hurto de ganado y posterior falsificación de la documentación para sacrificar al animal y destinarlo al consumo humano.

Para realizar todo ello, contaban con el apoyo de algunos de los responsables y empleados de un matadero, donde sacrificaban a los animales aun no habiendo seguido el protocolo legal, habiendo sido sacrificados muchos de manera fraudulenta, al carecer de la necesaria trazabilidad alimentaria. Una vez que el animal era sacrificado, la organización recuperaba los elementos de identificación para su posterior utilización en otros.

Según se ha podido comprobar la carne salía del matadero con destino a otros países.