Con varias incógnitas sin despejar más de cuatro años después del crimen -nunca se encontró el arma homicida ni tampoco hay pruebas de ADN- pero con la certeza del fiscal y la Guardia Civil de que José Miguel M.C. fue el autor de la muerte a tiros de sus padres en el año 2009 en Taboadela, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense acaba de confirmar la continuación del trámite para que el doble homicidio se resuelva en los próximos meses ante un tribunal popular.

La juez se ha opuesto al archivo reclamado nuevamente por la defensa al apreciar la existencia de "indicios racionales de criminalidad". La autoridad entiende, además, que el jurado es el órgano adecuado para encausar al imputado y también a su presunta encubridora, María Rosa R.P., amiga que le sirvió una cortada. La mujer manifestó en un primer momento que estaba junto a él a la hora estimada de los hechos. Meses después se desdijo precipitando el primero de los dos arrestos del presunto parricida, excarcelado luego dos veces.

La defensa ha argumentado que el encubrimiento no es una competencia del jurado prevista en la ley. La juez discrepa. Entiende que la infracción de la amiga del acusado es un hecho "conexo". "A los delitos de asesinato imputados al acusado, para intentar su impunidad, le siguió el de encubrimiento imputado a ella", razona.

La instructora descarta asimismo que el "juicio público paralelo" vulnere alguna de las garantías del proceso judicial. La magistrada defiende la "imparcialidad" del jurado, que estará formado por nueve ciudadanos.

El abogado se amparó en la "contaminación de los eventuales integrantes del jurado popular". La juez, sin embargo, confía en "la imparcialidad" del jurado. "Que los hechos investigados judicialmente sean al mismo tiempo, una noticia merecedora de atención por los medios de comunicación, compone dos esferas distintas". Según la magistrada, los "juicios públicos paralelos no pueden derogar las garantías exigidas por el proceso penal".

En prisión

El sospechoso del crimen familiar permanece encarcelado desde febrero, cumpliendo una condena firme de más de 4 años de cárcel por amenazar, maniatar y encañonar a un amigo una semana antes del crimen de sus progenitores, José y María Teresa. El análisis lingüístico de una carta con amenazas que habría redactado el imputado y que apareció en el bolsillo del pantalón de su padre, así como el hallazgo de supuestos restos de pólvora compatibles con la realización de disparos, se suman al principal indicio para los investigadores: la profunda enemistad que el hombre profesaba a sus progenitores. Él siempre negó los hechos. Incluso dijo a la juez que nunca tuvo en la mano un arma de fuego, un argumento desbaratado por los hechos probados de la condena que está acatando.

El presunto parricida ha coleccionado una sucesión de causas con la justicia, por hechos casi consecutivos entre 2008 y 2009. La investigación del doble crimen se completa con el proceso que lo mantiene en la cárcel, y con otros dos más que acabaron archivados.