El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no hará excepciones con el caso de Lucía A. V, la vecina de Zamáns a la que le retiró la pensión de viudedad en febrero y a la que le reclama más de 32.000 euros por los cuatro últimos años que disfrutó de esta ayuda. En el juicio celebrado ayer por la demanda interpuesta por la mujer para reclamar la reanudación de esa ayuda, el INNS justificó su decisión en la "culpabilidad" de Lucía en la muerte de su marido, de quien padeció continuos malos tratos verbales y físicos durante el matrimonio e incluso una vez separados.

En un nuevo episodio de violencia de su marido, Lucía y uno de sus hijos se defendieron propinándole una paliza, y diez días después el hombre moría en el hospital. Por esta muerte Lucía cumplió casi seis años de cárcel, la mitad de la pena que le impuso el 18 de diciembre de 1987 la Sección Primera de la Audiencia Provincial pese a reconocer en su sentencia "las continuas agresiones verbales y físicas" que sufría esta mujer, también ratificadas en similares términos por el Tribunal Supremo.

La abogada de Lucía, Belén Santos, apeló a la "desprotección" que tenía en la época en la que sucedieron estos hechos las víctimas de violencia de género como su representada. "La situación histórica en la que se produjo el fallo del Supremo no tiene nada que ver con la situación actual. Hoy en día sería impensable que se califique de 'relación difícil' [así la califica el fallo judicial] la que mantenía esta pareja, teniendo en cuenta que el hombre, que frecuentemente se embriagaba, agredía verbal y físicamente a su mujer e hijos". También creyó "incomprensible" que la sentencia vea "ánimo de matar" en la actuación de la mujer, puesto que ella y su hijo, entre otros posibles "atenuantes" que no se tuvieron en cuenta, "acudieron a un bar de Zamáns para que lo atendieran de las heridas y avisaran a una ambulancia".

En la actualidad, Lucía vive con sus tres hijos, todos desempleados. En su casa de Zamáns subsiste esta familia con 400 euros del paro de uno de ellos, además de una pequeña ayuda para alimentos de Cáritas. "Ella ya sufrió lo que tenía que sufrir, y no tiene por qué seguir siendo víctima de aquellos hechos, y de lo que sufre ahora por perder la pensión. Y ya que la Seguridad Social se aferra a la legislación, habría que revisar la situación social y legislativa", agregó Santos.

La abogada del INSS replicó "no se puede volver a enjuiciar" lo ya sentenciado por el Supremo, y reiteró que la condena impuesta a la mujer "es causa para extinguir las prestaciones por viudedad". El juicio quedó visto para sentencia.