Un año de fuga del homicida del Dickens

Más de un año después de la fuga de Jorge Pardo Alonso condenado a 14 años de prisión por matar a puñaladas a un vigués a la salida del pub Dickens donde la víctima celebraba el bautizo de su primera hija, en la Semana Santa de 2006, nada se sabe de su paradero.

Las fuerzas de seguridad le buscan sin éxito desde hace trece meses, cuando el 12 de septiembre de 2011 no regresó de un permiso que le concedieron en el centro penitenciario de A Lama. En ese momento se denunció lo ocurrido al juzgado de guardia, al juez de Vigilancia Penitenciaria y a la Sección Quinta que le juzgó y condenó, según informaron ayer fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Los encargados de buscarle sospechan que puede estar en Sudamérica, concretamente en Colombia, dados los contactos que habría realizado en el penal.

El homicida empezó a obtener permisos penitenciarios al cumplir apenas 4 años de los 14 impuestos. Primero fueron fines de semana cortos, reincorporándose al centro penitenciario con normalidad. Sin embargo, en septiembre de 2011 consiguió un permiso largo y ya no volvió. Le quedaban por delante otros 8 años entre rejas. Todo apunta a que cuando se dio la alerta de su fuga ya no estaba en España.

La familia de la víctima conoció de forma oficiosa la fuga de Jorge Pardo nada más producirse: "Ningún policía o agente de la Guardia Civil vino a comunicármelo, eso es lo que más me dolió porque tenía el miedo en el cuerpo y no salía de mi casa", recuerda la viuda. No quiso hacer pública la fuga del homicida "porque no quiero remover esto y debo proteger a mi hija. En su día luché para buscar Justicia, pero no la he tenido", reflexiona.

El veredicto del Jurado que juzgó a Jorge Pardo en abril de 2007 fue contundente: le declaró culpable de homicidio y rechazó todas las atenuantes solicitadas por su defensa. Cuatro años después se fugó de prisión. La asociación de víctimas de crímenes violentos, Avidev, criticó ayer esta fuga y abogó una vez más por el cumplimiento íntegro de las penas. "Quitar una vida no puede conllevar permisos de salida de prisión a los tres años", razona su presidente Ricardo León.