Un total de 73 detenidos y 43 registros en veinte provincias españolas. Este es el balance inicial de una operación desarrollada por la Policía Nacional contra una organización dedicada a la venta de información y datos personales y empresariales a nivel nacional. En Galicia se produjeron al menos cuatro arrestos, uno en Vigo y otros tres en A Coruña. Se trata de personas vinculadas a empresas de seguridad y detectives privados, y uno de ellos sería el responsable de una firma en la ciudad herculina donde se realizó uno de los registros.
El juzgado de Instrucción 17 de Barcelona que lleva las diligencias les imputa, según los casos, delitos de intrusismo profesional, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. La mayoría de los arrestados son detectives e investigadores privados, que sobornaban a funcionarios para obtener datos confidenciales y venderlos a terceros. En la trama están también implicados funcionarios públicos, policías locales, trabajadores de empresas de telefonía, empresarios, profesionales de gestorías y particulares.
Los detectives compraban, supuestamente, información de gran interés a funcionarios y empleados que, por razón de su cargo, tenían acceso a ella. A cambio de facilitarles datos con los que cumplir su trabajo, los empleados públicos recibían una compensación económica, según fuentes cercanas a la investigación. Esa información se utilizaba, en ocasiones, para "llevar a cabo chantajes y coacciones", según detalló ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
La resolución judicial revela que los detectives compraban a los trabajadores datos de todo tipo: económicos, laborales, personales e incluso telefónicos. La policía registró la oficina del catastro de Barcelona, una oficina del Inem en Badalona, la sede de la Hacienda vasca en Bilbao e incluso el despacho de un funcionario de la unidad de análisis de riesgo del aeropuerto de El Prat.
El amplio dispositivo policial se puso en marcha en Vigo, A Coruña, Bilbao, Jaén, Valencia, Vitoria, Gijón, Zaragoza, Murcia, Alicante, Albacete, Jaén, Almería, Granada, Sevilla, Málaga, Salamanca, Madrid, Cantabria y Cataluña, donde se practicaron la mayoría de las detenciones, en total 33.
La investigación de la Operación Pitiusa comenzó hace un año en Barcelona sobre una red "muy bien montada en forma de tela de araña", que después se fue extendiendo por buena parte del territorio nacional, según Fernández Díaz.
