El cambadés Manuel Oubiña Otero y dos hermanos de A Pobra do Caramiñal relacionados con el clan de los "Fanchos", Antonio Manuel y Rafael Rivas Gey, confesaron ayer ser los autores del secuestro y tortura del empresario y exedil del PP en A Illa de Arousa, Román Santiago Allo (ya fallecido), en septiembre del año 2006 para exigirle el cobro de una deuda de medio millón de euros por una operación de narcotráfico frustrada dos años antes. El fiscal retiró los cargos contra una cuarta acusada de ser cómplice de los secuestradores tras fallar "una de las pruebas básicas" que tenía en su contra.
La confesión de los acusados, unida a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el retraso que acumulaba el proceso judicial iniciado en 2006, ha permitido a los tres arousanos rebajar sensiblemente la pena que solicitaba inicialmente la Fiscalía, que sumaba en total 57 años de cárcel.
Así, Manuel Oubiña Otero se enfrentaba a 15 años de prisión y cumplirá dos años y 11 meses, así como 60 días de multa con una cuota diaria de 10 euros. Oubiña es el único de los tres que permanece en prisión, aunque por una causa anterior. Llegó en una ambulancia y en silla de ruedas a la Audiencia de Pontevedra. La misma pena de dos años y 11 meses con una multa le será impuesta a Antonio Manuel Rivas Gey, para quien inicialmente se pedían 15 años de cárcel. Por último, su hermano Rafael Rivas, para quien se solicitaban 19 años, aceptó penas de cuatro años y un mes de prisión y 12 días de localización permanente.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, justificó el acuerdo y el descenso de las penas en tres razones fundamentales. La primera es el fallecimiento de la víctima del secuestro, Román Santiago Allo. La muerte del exconcejal de A Illa en accidente de tráfico tan sólo seis meses después de estos hechos privó a la Fiscalía del principal testigo. Román Santiago era "en cierta manera, una parte importante de la prueba", dijo Aladro. Otro testigo fundamental sería su hermano Bruno Santiago, quien, sin embargo, decidió retirarse del proceso como acusación particular.
La segunda razón es el retraso que acumulaba el procedimiento y la tercera, que contaban desde hace tiempo con este acuerdo de confesión por parte de los tres principales acusados. Pese a esta reducción de las condenas, Aladro confirmó que los imputados deberán entrar en prisión.
Hechos
Así las cosas, los tres procesados reconocieron ante los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra que el 14 de septiembre de 2006 interceptaron el coche en el que viajaba Román Santiago en una carretera de Vilagarcía y a punta de pistola lo introdujeron en un vehículo que lo trasladó al monte de A Curota, en O Barbanza.
Allí, encerrado en una caseta, la víctima sufrió palizas que incluyeron patadas por todo el cuerpo, golpes con una barra de hierro y descargas con una defensa eléctrica. Los acusados le exigían el pago de los 500.000 euros que se habían perdido en una operación de narcotráfico que Manuel Oubiña y Román Santiago habrían intentado llevar a cabo dos años antes.
Los secuestradores hicieron que la víctima se pusiera en contacto con su hermano Bruno, al que citaron en A Pobra. Lo llevaron hasta A Curota y tras darle otra paliza y enseñarle a su hermano engrilletado y herido le dijeron que "tenéis que pagarnos el dinero que nos debéis, si no te matamos a ti, a tu hermano y a toda tu familia".
Los secuestradores dejaron que Bruno se marchase para reunir el dinero. Más tarde llamó al teléfono de su hermano Román para comunicar a los acusados que había logrado reunir 12.000 euros. Se citó con ellos y les dio el dinero, pero aún así obligaron a Bruno a subirse a una zodiac y lo llevaron al medio de la ría. Allí le dijeron que "12.000 euros era una mierda" y le dieron una paliza rompiéndole el brazo con una barra de hierro. Mientras permanecía en la embarcación, Manuel Oubiña "le puso la pistola al lado de la cabeza de Bruno y la disparó al aire al lado de su oreja". Tras recoger el dinero, dejaron libres a Bruno y a Santiago, quien permaneció dos días retenido. El acuerdo de ayer recoge indemnizaciones de 30.000 euros.
