El mayor alijo de cocaína intervenido a organizaciones gallegas en lo que va de siglo ya tiene condena. La Audiencia Nacional impone penas de entre 7 y 17 años de prisión para 18 acusados y multas que suman más de tres mil millones de euros a tres importantes grupos gallegos desarticulados en 2003 cuando intentaban introducir en las costas de Galicia casi siete toneladas de cocaína.
La Operación Retrofornos pasará a la historia de la lucha contra la droga no sólo por los 6.500 kilos de cocaína que transportaba el congelador South Sea, uno de los mayores alijos intervenidos en Europa en la última década, sino porque por primera vez se condena por narcotráfico al arousano Marcial Dorado Baúlde, un histórico ex contrabandista de tabaco al frente de un gran emporio empresarial e industrial. La sala impone al isleño 10 años de prisión y dos multas de 69.610.000 euros, la misma cantidad que a la mayoría de los condenados. Dorado –en prisión por un delito de cohecho al intentar sobornar a a dos guardias civiles entre 1997 y 1998 a fin de que les facilitasen la introducción de tabaco ilegal en un puerto español– tiene abierta otra causa en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales.
El South Sea, de bandera senegalesa, fue interceptado en una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional a unas 80 millas de Lisboa con la cocaína oculta en un compartimento de proa bajo las cadenas. El barco fue trasladado al puerto de Vilagarcía, donde finalmente se encontró el zulo con la droga.
La mayor condena de la Audiencia Nacional, 17 años de cárcel, ha recaído en el propietario del buque, el coruñés Manuel Mejuto, jefe de la organización que intentó introducir un doble alijo de dos grupos colombianos y a quien, además, impone el pago de dos multas de casi 200 millones de euros. Su hijo Alberto ha sido condenado a 13 años y medio, mientras que se imponen 13 al ourensano Evencio González y al ferrolano Rogelio José Chao; 11 años y seis meses al vilagarciano Carlos Somoza (ex yerno de Charlín y considerado jefe de otro de los grupos gallegos), a Francisco Javier Sanesteban y a José Ferreiro; y 11 años al buenense Edelmiro Piñeiro. También se condena a 10 años al cambadés José Agra Agra (Panarro); mientras que el isleño Joaquín Dacosta Señoráns, Benigno Viñas Allo (testaferro de Dorado Baúlde), Jorge Agra y el griego Ioannis Malagas reciben una pena de 9 años y medio. El grovense José Antonio Míguez, el ucraniano Sergy Maslennikov y el leonés Alejandro Santiago Cabo (inspector de pesca y biólogo) son penados con 9 años y un día. La condena del meañés Benito Rosal Lobato, el único al que se aplica la atenuante de reconocimiento de los hechos, se reduce a 7 años.
Por último, la Audiencia Nacional absuelve a Manuel Ruibal, Enrique Jorge Coo y a los marineros del barco Remi Jatta y Nasala Isidore, al considerar que no tuvieron participación en los hechos.
Todos los procesados se encontraban en libertad bajo fianza, pero ayer fueron citados para dar lectura pública de la sentencia y, una vez conocidas las condenas, pasaron a los calabozos de la Audiencia Nacional para su inmediato ingreso en prisión.
Cuatro de los procesados no acudieron a la citación: Rogelio José Chao Touriño, Carlos Somoza, Alberto Mejuto (al parecer se encuentra embarcado) y José Agra (enfermo en prisión).
Carlos Somoza, que depositó 100.000 euros de fianza, sería el segundo jefe de las tres organizaciones desarticuladas en la Operación Retrofornos que ha eludido la acción de la Justicia si no se presenta en las próximas horas. Uno de los principales cabecillas, Roberto Leiro Santos, en libertad condicional, huyó la víspera del comienzo del juicio en la Audiencia Nacional. Por tal motivo no pudo ser juzgado. Y no fue el único: otros 7 acusados habían aprovechado la libertad provisional bajo fianza para huir.
