![El Banco se queda con el edificio de Bodegas Bandeira por impago - El proyecto del centro comercial de O Calvario en Vigo superaba los 18 millones de euros de inversión. Las obras habían comenzado con la retirada de piedras del antiguo edificio de Bodegas Bandeira. El pasado mes de junio el Banco que facilitó más de 7 millones de euros para su adquisición a la empresa de Carlos Rocha, imputado por blanqueo con "Culebra", ejecutó la hipoteca y se quedó con el inmueble ante el impago de cuotas. La obra sigue paralizada.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/abd27394-49c8-4fb2-95a0-d6174c9c8d0c_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg "El Banco se queda con el edificio de Bodegas Bandeira por impago - El proyecto del centro comercial de O Calvario en Vigo superaba los 18 millones de euros de inversión. Las obras habían comenzado con la retirada de piedras del antiguo edificio de Bodegas Bandeira. El pasado mes de junio el Banco que facilitó más de 7 millones de euros para su adquisición a la empresa de Carlos Rocha, imputado por blanqueo con "Culebra", ejecutó la hipoteca y se quedó con el inmueble ante el impago de cuotas. La obra sigue paralizada.")
Una estratégica y extensa red de contactos, además de sus buenas relaciones con el ex jefe de la Policía Local de Vigo que conllevó la retirada de algunas multas de tráfico y la apertura de diligencias judiciales aparte, habría permitido aflorar hacia negocios "legales" el dinero procedente del narcotráfico de la red atribuida al septuagenario vigués Juan Carlos González Martín, "Culebra". Un notario de Vigo y un oficial de su notaría, la propietaria de una galería de arte viguesa y varios empresarios de distintos sectores figuran entre los 31 imputados, además de la mujer y los hijos del presunto cabecilla de la trama.
El millonario balance de la operación desarrollada en enero de 2008, cuyo valor superaría los cien millones de euros, salpica a numerosos negocios legales que habrían recibido financiación mediante la red de sociedades creadas por el histórico narcotraficante. A los astilleros y firmas de construcción que inicialmente fueron intervenidos y que actuarían como tapadera de la red, se suman otros negocios cuyos titulares desconocían las actividades presuntamente ilegales de su socio financiero y la procedencia de sus fondos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, que dirigió la operación "Malpolón", les imputa –en función a su relación con Juan Carlos González Martín, el único de la trama que sigue en prisión– delitos de falsedades documentales, delito fiscal en el caso de algunas sociedades participadas y blanqueo de capitales. Muchos de los imputados desconocían los antecedentes de su socio, aunque otros sí serían conscientes de la procedencia de su dinero. Ahora será el fiscal quien determine si se les procesa a todos.
La juez que instruye la diligencias, Marisol López, solicitará a las autoridades de Portugal, a través de Eurojust, la entrega de los 6 millones de euros ingresados en una cuenta bancaria de Valença a nombre de la mujer y los hijos de "Culebra", que destapó una de las investigaciones judiciales más complejas de los últimos años en Vigo. Lo habitual es que el reparto se hiciera al 50 por ciento entre ambos países, pero en esta ocasión no hay ninguna causa judicial contra González Martín en Portugal.
En el juzgado vigués ya prestaron declaración como imputados un notario con despacho en Vigo y un oficial de su Notaría. Sus versiones resultaron contradictorias, pues aunque ninguno de ellos reconoció haber asesorado a "Culebra", se habrían responsabilizado mutuamente de ello. El notario aseguró que no aconsejó a González Martín, sino que se limitó a leer las escrituras, mientras su trabajador expuso que él tampoco asesoró al narco y puso simplemente los documentos a la firma de su jefe.
La propietaria de la galería de arte imputada tenía en González Martín un buen cliente, como refleja la importante pinacoteca intervenida por el Servicio de Vigilancia Aduanera en su domicilio. Curiosamente las facturas de las compras nunca excedían los 3.000 euros, valor máximo que fija la Ley para no declararlo. En su declaración judicial, la galerista alegó que todo era legal.
La sorpresa saltó cuando el empresario Alfonso Collazo, titular de Astilleros Moa en Moaña e imputado en la trama de blanqueo como posible testaferro de "Culebra", entregó en el juzgado un diamante con certificado de identificación y un cuadro de Matamoros que le había regalado su socio.
El perito judicial que debía valora la pinacoteca descubrió que el cuadro era parte de un díptico que no había aparecido, pese a que suelen venderse juntos. Cuando se interrogó a la dueña de la galería de arte, ésta aseguró que "Culebra" sólo se llevó una parte del díptico. Al preguntársele donde estaba el resto de la composición, respondió que no lo sabía y que los clientes a la hora de comprar "son así de caprichosos" .
