Los acusados de secuestrar a un empresario del municipio pontevedrés de Meaño, José María Cacabelos, por quien pidieron a la familia un rescate de 150.000 euros, se reconocieron hoy autores de los hechos y se conformaron con la pena de seis años de prisión solicitada por el ministerio fiscal para dos de ellos y cuatro años para el tercer procesado, que vio reducida la condena porque ya devolvió su parte el rescate y abonó la indemnización.

Este acuerdo redujo a cinco minutos de vista oral un juicio para el que la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial preveía una duración de varias jornadas, y evitó también que el empresario tuviese que declarar reviendo un suceso cuyo recuerdo aún le emociona.

"Me siento muy mal, pero estoy satisfecho porque esto ya se acabó", manifestó José María Cacabelos al término de la vista oral. "Que no me hagan daño, ni se metan conmigo o mi familia porque el mal trago ya lo pasé yo", añadió.

El propietario de 'Construcciones y Excavaciones Caravel' fue secuestrado en marzo de 2006 por el vigués Marcos Antonio Vázquez Habas, de 29 años; Omar Bajo Rodríguez, de 27 años, de Redondela; y Diego Roel Cardama, de 26 años, de Meaño, el único conocido del empresario ya que son prácticamente vecinos.

Cuarta persona

El fiscal sostuvo que en el secuestro participó una cuarta persona "no identificada", pero el abogado del empresario, Luis Orge, se mostró hoy satisfecho por la "laboriosa investigación" realizada que "no aportó ni un solo dato que lleve a creer que realmente existió esa cuarta persona", aunque admitió que "siempre va a quedar la duda".

Los tres procesados se pusieron de acuerdo para secuestrar al empresario con la única finalidad de conseguir dinero y así se lo hicieron saber durante las horas que lo tuvieron retenido, maniatado y encapuchado en la zona de Vigo, haciendo tiempo mientras la familia reunía el dinero.

"Si tu familia paga no te vamos a hacer ningún daño, pero si no paga lo vas a pasar muy mal", recordó el empresario que le dijeron sus secuestradores, que lo dejaron en libertad en una gasolinera de Vilaboa cuando su familia pagó 100.000 euros, ya que no pudo conseguir los 150.000 euros que pidieron de rescate.