"He cometido un error y nada más, es lo único que admito. Actué de pardillo pero sin ánimo de lucro", asegura el funcionario y jefe de Estadística del Concello de Cangas, José L.B., sobre su implicación en un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros por el que fue detenido por la Guardia Civil el pasado miércoles, tras una investigación de varios meses, en su propio despacho del Concello y esposado. Como consecuencia de esa investigación también fue detenida ese mismo día la vecina de Cangas, Carmen M., a quien el funcionario realizaba supuestamente la tramitación irregular de informes de convivencia a marroquíes que ella solicitaba en el Concello, sin realizar el obligado paso de las averiguaciones previas para contrastar que la información que aportaba la mujer sobre la residencia de los inmigrantes era cierta.

El fin de esos informes era que los inmigrantes pudieran obtener la tarjeta de residencia, para la que es necesario también tener un contrato laboral. Según la investigación, la mujer buscaba a un empleador que los contrataba durante un mes. Ella supuestamente recibía un dinero a cambio.

El funcionario, que lleva 35 años trabajando en el Concello y desde 1985 en Estadística, acudió ayer con normalidad a su puesto de trabajo, aunque la edil de Personal le ofreció la posibilidad de no hacerlo: "Pero tengo la conciencia bien tranquila y puedo ver de frente a la cara. Sólo se me puede atribuir que me salté un trámite". Por esta razón considera "un cuento chino" lo de la trama con ramificaciones en otros concellos, e insiste en que ni la mujer "me ofreció un euro ni se lo hubiera aceptado". Sobre el número de informes que realizó a Carmen M. dice que entre 8, 9 o 10 y que todo empezó hace "un año, como mucho". Añade que la primera solicitud que ella le presentó fue para un marroquí "y no le di importancia, pero le advertí que no me metiera en problemas. Me fié, pero no tengo nada que ocultar y sólo me arrepiento de haberme saltado este proceso de averiguaciones practicadas, no con el ánimo de obviar, sino porque me fiaba de que vivían en la casa que ella tiene en Coiro" .

Pese a todo, este trabajador municipal dice que le consta que "esta mujer no es mala persona, ni actuó de mala fe. Hay que saber cómo llegan estos inmigrantes aquí, en pateras... y en qué condiciones". El funcionario recibió ayer apoyos de algunos de sus compañeros de Concello que le consideran una víctima; otros creen que la irregularidad es mayúscula.

José L. asegura que el miércoles se quedó sorprendido cuando un guardia civil de paisano se personó en su departamento y lo detuvo: "Era de Pontevedra, siguió el procedimiento y me esposó". El trabajador fue puesto en libertad con la obligación de ir a firmar los días 1 y 15 de cada mes. En el juzgado fue asistido por un letrado de oficio, aunque desde ayer la intención era que su caso lo llevara el abogado del Concello. Mientras, la mujer arrestada, Carmen M., dijo que sólo quería crear una ONG.