La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un año de prisión y a otros seis de inhabilitación a L.A. G. A., funcionario de la prisión de A Lama de 51 años de edad, como supuesto autor de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública. El tribunal considera probado que el acusado, vecino de Sanxenxo, ofreció a una reclusa beneficios penitenciarios a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con él.

Según el fallo, los hechos se produjeron a finales de 2005 y principios de 2006. La interna se negó a mantener con el acusado ningún tipo de relación sexual y el acusado reaccionó diciéndole que “le iba a hacer la vida imposible en la prisión”. El tribunal tienen en consideración como principal prueba de cargo contra el acusado, que era el encargado de la guarda de la interna, la declaración de la propia víctima.

Sin móviles “espurios”

Afirman que en su testimonio incriminatorio “no concurren móviles espurios de resentimiento o venganza derivados de relaciones anteriores entre la testigo y el acusado”. También destacan que la declaración de la mujer fue “rotunda y sin ambigüedades, pues sostiene lo que en su momento expuso al subdirector del Centro Penitenciario de A Lama” y que “concurre la persistencia en la incriminación”. Además, añade que “de ella se aprecia que durante el tiempo que estuvo interna en el referido centro el acusado, funcionario de Instituciones Penitenciarias, le pidió relaciones sexuales, cosa que ocurría constantemente cuando el acusado estaba de guardia, al tiempo que le decía que iba a vivir mejor en el centro y le ofrecía permisos penitenciarios”. Fue entonces, continúa el fallo, cuando ante la negativa de la mujer el acusado le dijo que le haría “la vida imposible” abriéndole también expedientes disciplinarios.

En tercer lugar, el tribunal tiene en cuenta el informe del subdirector del centro con quien habló la reclusa y que dice que “se habla con este funcionario y aunque no me reconoce abiertamente lo dicho por la interna, si da a entender que algo hay, por lo que se le advierte de que si vuelve a molestar a esta interna tomaré cartas en el asunto y se llegará hasta las últimas consecuencias”.

El tribunal resalta que el funcionario formaba parte de la Comisión Disciplinaria y que estaba asignado al departamento de ingresos y salidas; asimismo “las influencias de sus informes sobre la situación de los internos” permite apreciar al tribunal el ascendiente potencial que el acusado podía tener sobre la víctima. La sentencia no es firme y contra ella se puede presentar recurso de casación en el plazo de cinco días siguientes a la última notificación de la sentencia.

Petición del fiscal

El fiscal solicitaba inicialmente una pena de dos años de prisión y siete de inhabilitación después de la celebración de una vista en la que la víctima aseguró “no comprender porqué me hace esto” y en la que declaró que el funcionario incluso le habría prometido facilitarle dinero y objetos no permitidos en la cárcel si accedía a sus pretensiones. La mujer admitió que había otras personas presentes cuando le hacía estas proposiciones. La defensa argumentó que, pese a ello, no se había presentado ningún otro testigo al juicio.