05 de diciembre de 2008
05.12.2008

Sólo 15 policías nacionales se encargan de vigilar a 509 víctimas de maltrato en la provincia

Cada agente debe ocuparse de una media de 34 mujeres con órdenes de alejamiento

05.12.2008 | 09:31

La provincia de Pontevedra es la que acumula más órdenes de alejamiento en vigor de toda Galicia. La Justicia mantiene en la actualidad 835 medidas de este tipo con el objetivo de preservar la integridad de otras tantas víctimas de violencia doméstica, la gran mayoría correspondientes al maltrato de género. La Policía Nacional se ocupa, con 15 funcionarios destinados a tal fin, de la vigilancia y cumplimiento de 509. Esto supone una proporción de un agente por cada 34 víctimas.

El mayor número de mujeres protegidas corresponde a la demarcación de la comisaría Vigo-Redondela, donde sólo 7 agentes velan por 364 víctimas, aunque en total existen 584 órdenes de alejamiento.

Las UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección) se ocupan de velar por la seguridad de las víctimas de maltratos desde 2004, cuando entro en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una normativa que en Galicia, además de a la Policía Nacional, le corresponde seguir a los cuerpos de seguridad locales y autonómicos. Así, de las 1.825 órdenes de alejamiento dictadas en la comunidad, a las comisarías le corresponden 1.500, cantidad para la que desde Madrid destinan a 34 funcionarios.

La relación entre agentes y víctimas varía según la ciudad. Dentro de la provincia de Pontevedra también se producen diferencias. En el municipio capitalino cada policía se encargaría de 17 mujeres. Mientras en Vilagarcía son dos los trabajadores que se encargan del cumplimiento de 52 de las 81 órdenes en vigor y en Marín, con los mismos efectivos, de 29.

Asimismo, la Policía Nacional atiende con 12 empleados a 702 víctimas en A Coruña; con 5 a 218 en la de Lugo y con 2 a 70 en la de Ourense. En el conjunto del Estado la Justicia concedió 36.000 órdenes de protección que siguen 600 agentes, o lo que es lo mismo, cada uno tendría que atender a 60 víctimas.

Todos estos datos fueron facilitados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Pontevedra al hilo del crimen cometido por Maximino Couto el pasado fin de semana en Ponte Caldelas. El sexagenario aprovechó una salida de permiso del penal de A_Lama, donde cumplía condena por malos tratos a su ex mujer, para matar a su compañera sentimental, María del Rosario Peso y herir a dos vecinos de su ex mujer y a un agente de Policía. Ayer los secretarios autonómico y comarcal de este colectivo sindical, José Freire y Marcos Castro, defendieron la actuación policial durante este suceso y responsabilizan "por omisión" a la Dirección General de la Policía, Interior y Gobierno por la falta de medios que, aseguran, padecen.

Ambos criticaron la política del Gobierno en esta materia. Le acusan de poner en marcha una ley "muy ambiciosa sin personal detrás del escenario". Tanto Castro como Freire señalan que es esta falta de recursos humanos y materiales, así como "una ralentizadora burocracia" los motivos que derivan en que se produzcan más ineficacias de las deseadas en la lucha contra la violencia de género. Pero además claman por lo que consideran como despropósitos, haciendo mención al reciente caso, el priorizar la relevancia de las pulsera electrónicas para los maltratadores y el hecho de que estos disfruten de permisos carcelarios, puesto que el crimen de Tourón se produjo cuando el agresor acaba de obtener una salida de cuatro días.

"Con un perímetro de 500 metros, aunque la víctima nunca salga de su casa porque considera que es un sitio seguro, la alarma sólo va a indicar que en ese momento se está matando a alguien. Si se quiere avanzar algo en ese sentido las órdenes de alejamiento tendrían que atener al municipio y, si es necesario, incluso a la comunidad entera. Si no esto no vale absolutamente para nada", apuntó Castro en contestación a las explicaciones aportadas desde el Ejecutivo. Por su parte, Crespo se mostró más duro en sus reproches: "Muy alegremente dijo el delegado del Gobierno que la alarma no falló con la muerta, sino con la ex mujer, a la que no mató. ¡Vaya argumento! ¡Vaya dos tontolabas tenemos de delegado y subdelegado del Gobierno!". En lo que respecta a los permisos carcelarios, argumentaron en SUP: "Poner por delante la reinserción de estos psicópatas, dándoles permisos penitenciarios por encima de las víctimas, nos parece un experimento inmoral".

Según los sindicalistas, en la Policía tendrían constancia de denuncias contra Maximino Couto por supuestas amenazas, pese a lo que el centro penitenciario de A Lama aprobó el permiso carcelario.

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