Una operación secreta del Grupo especial contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, ha asestado un gran golpe a la mafia italiana que se había asentado en la ciudad, donde varios capos dirigían supuestamente florecientes negocios de tráfico de drogas, tráfico de armas, mujeres explotadas para la prostitución y blanqueo de capitales procedentes de sus ilícitos negocios. En principio se calcula que en un año habrían blanqueado desde Vigo más de dos millones y medio de euros.

Al menos 14 detenidos -la mayoría en prisión provisional-, numerosas cuentas bancarias y coches de lujo intervenidos, así como armas y drogas incautadas es el balance provisional de una operación desarrollada el pasado mes de julio y de la que nada había trascendido hasta ahora, una vez levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las diligencias previas 613/2008 incoadas el pasado 4 de marzo.

Dos familias bien distintas de la mafia italiana operaban supuestamente en Vigo de forma conjunta, la Camorra napolitana y la Cosa Nostra siciliana, que en principio no actuaban con las grandes organizaciones gallegas de narcos, sino que se abastecerían de heroína y cocaína en Italia (donde sus familias tienen contactos directos con los colombianos) y la distribuirían en Galicia y en el norte de Portugal.

Las armas también procedían del centro de Europa y al parecer se vendían en las mismas zonas que la droga. Los traslados de la mercancía hasta Galicia solían realizarse por carretera y en vehículos con depósitos especiales.

La red desarticulada estaba jerarquizada, según recogen las diligencias judiciales, y cada uno tenía determinadas sus funciones. Entre los detenidos hay presuntos testaferros, distribuidores, vendedores y "extorsionadores" que cobraban las deudas.

Entre los denunciados figura el italiano Giovanni L.R. (supuesto "capo" de la organización desarticulada en Vigo, con residencia en Italia, donde tenía también su propio grupo) y_sus compatriotas Martino B., vinculado presuntamente a otra rama de la mafia italiana, Sebastiano B. y Antonino P. Éste último está considerado por los investigadores guardaespaldas del "capo" italiano y "extorsionador" en nombre del grupo ya que se encargaría de cobrar deudas, además de ser sospechoso de tráfico de drogas a gran escala.

Contra Giovanni L.R. pesaba una orden de búsqueda y captura de las policías francesa e italiana. La Policía Nacional, ajena a la operación de la Guardia Civil, lo capturó en Vigo y lo entregó a la Audiencia Nacional, por lo que fue extraditado a Italia.

La rama española de la organización incluye al supuesto lugarteniente de Giovanni L.R., el pontevedrés Manuel M.F., con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. En el registro de una de sus viviendas (residía a caballo entre Poio y Pontevedra) se hallaron varios vehículos antiguos y en el interior de uno de ellos droga. En su casa tenía supuestamente un importante arsenal de armas ilegales.

Su vinculación con un caso judicial en O_Barco de Valdeorras en 2006, a donde supuestamente acudió a cobrar una deuda por drogas, puso sobre la pista de la organización italiana a la Guardia Civil, que comenzó los seguimientos y solicitó las intervenciones judiciales telefónicas que permitieron desmantelar la organización en España.

Los agentes contaron también con la colaboración de las Policías francesa e italiana, ya que se realizaron seguimientos a las reuniones que los integrantes del grupo celebraron en Roma, Cerdeña o Sevilla. En los escalones más bajos de la organización se sitúa un grupo de supuestos vendedores de droga de etnia gitana. En concreto la "matriarca" del clan Marón de Ponteareas, María Aida J.S., se encuentra en prisión por esta operación.

Remesas

Las remesas de dinero eran enviadas a Italia a través de giros postales desde oficinas de correos, siempre con cantidades inferiores a los 3.000 euros para no tener que identificarse y evitar dejar rastros. También desde Italia se aportaría el dinero preciso para afrontar los gastos de infraestructura en Galicia.

La organización habría utilizado empresas pantalla de mariscos y pescados con base en el puerto de Vigo, que al parecer carecen de actividad efectiva, para realizar las transacciones y proceder al lavado de blanqueo, a tenor de las diligencias judiciales. Este es el caso de las sociedades consideradas "tapadera" en las diligencias judiciales:_Galimar e Terra, Galintermed S.L., Galisard S.L., Acuiculturas Marinas Noroeste, Alimar import-export, Titone Trading o Fresch Bypass.

De ahí que entre los denunciados, en los que se incluye a dos mujeres, figuren algunos presuntos testaferros. Este sería el caso del vigués P. G.G., que daría cobertura a las actividades ilícitas a través de la empresa de mariscos Marlavi. Otros supuestos testaferros que habrían realizado ingresos o cobrado cantidades a través de Western Unión serían M.C.G., trabajador del puerto vigués con antecedentes por tenencia ilícita de armas;_Antonio J. R.G., carpintero o Victoriano S. V., que además de recibir dinero distribuiría droga al menudeo en la zona viguesa de la calle Santa Lucía.

Pisos de lujo _en García Barbón _y elevado _tren de vida

La organización desarticulada disponía en Vigo de pisos de lujo alquilados en las calle Colón y Policarpo Sanz, y los supuestos dirigentes disfrutaban de un elevado nivel de vida sin constar ocupación o trabajo aparente. Circulaban en lujosos vehículos, BMW y Mercedes, algunos con matrícula italiana, y realizaban gastos importantes en locales de hostelería de la ciudad.

Dos pizzerías viguesas les servían presuntamente para depositar y ocultar las armas con las que traficaban, a la vez que explotarían a trabajadoras extranjeras suministrando mujeres a dos locales de prostitución, uno de ellos en la zona de Balaídos, especialmente colombianas y brasileñas. Las diligencias judiciales recogen que en cada barra tenían que tener mujeres de distintas nacionalidades y razas "por exigencia de los clientes". Al parecer, también explotaban a mujeres en un local de la Gran Vía de Madrid.

Aunque el centro de su actividad estaba ubicado en Vigo, desde donde presuntamente distribuían armas y drogas a toda Galicia y al norte de Portugal, tenían además "agentes" en Portonovo (Sanxenxo) y Valença (Portugal) que les escondían la droga.

Un confidente_y seguimiento_de cuentas

Las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo recogen los seguimientos policiales de los distintos integrantes del grupo durante meses. Un confidente colaboró con los agentes del ECO, que también sabían al minuto las operaciones que los sospechosos hacían a través de los cajeros automáticos de los bancos. En esta ocasión no precisaron colaboración en las oficinas, cuyos empleados ni se enteraron de que algunos de sus clientes eran investigados. El centro nacional de Madrid que controla informáticamente estas operaciones bancarias les informaba al momento.