Un joven de vecino de Caldas de 19 años fue condenado ayer a un año de prisión como autor de un homicidio imprudente tras provocar un accidente de tráfico mortal en 2006. El acusado, Adrián C.C., circulaba a gran velocidad por la carretera N-550 entre Santiago y Pontevedra, a la altura Carracedo en el municipio caldense. En el siniestro falleció un menor que viajaba en el asiento del copiloto de su coche.

El acusado aceptó ayer la condena de un año de cárcel propuesta por el fiscal después de que las partes llegasen a un acuerdo y se rebajase la petición de pena que solicitaba inicialmente el Ministerio Público, que era de dos años y medio de prisión, dictando sentencia el magistrado en el mismo acto del juicio.

Según el escrito de acusación del fiscal y que el juez consideró ayer como hechos probados, el 11 de octubre de 2006, Adrián C.C., conductor novel, pilotaba su vehículo (un Fiat Stilo) a una velocidad de entre 149 y 165 kilómetros por hora en un tramo de obras con velocidad limitada a 40 y que se encontraba debidamente señalizado.

En un momento dado, perdió el control de su vehículo al derrapar la parte trasera de éste debido a la velocidad que llevaba y al estado de la calzada como consecuencia de las obras, saliéndose inicialmente de la vía por el arcén derecho. Tras realizar una maniobra evasiva, derrapó y se salió definitivamente de la calzada por el margen izquierdo. Después colisionó contra el bordillo de la acera, un árbol, un muro de cierre, un poste de hormigón del tendido eléctrico y una farola de alumbrado público, volcando posteriormente el turismo sobre la carretera ocupando ambos carriles de circulación.

Junto al acusado viajaba este menor de 17 años de edad que, como consecuencia del accidente de circulación, sufrió una fractura con hundimiento occipital derecho que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico y shock traumático que le causó la muerte en el acto.

Además del año de prisión, la condena prohíbe al acusado conducir vehículos a motor durante un periodo de un año y le exime de cualquier responsabilidad civil, al haber abonado la compañía de seguros las indemnizaciones correspondientes. Un concepto por el que el fiscal reclamaba al acusado 102.800 euros.