El juicio por la muerte de un joven obrero que quedó sepultado en una zanja en Gondomar en junio de 2000 dejó ayer en evidencia dos importantes problemas: la lentitud de la justicia y la falta de seguridad con la que se trabaja en muchas ocasiones en el ámbito laboral. La vista por el fallecimiento del tudense Manuel Vázquez se inició casi ocho años después del trágico accidente. Y de las declaraciones de acusados y testigos se desprende que la zanja carecía de las medidas preceptivas para evitar que terminase derrumbándose. Los más de dos metros de profundidad que alcanzó este foso obligaban a entibarla (fortalecerlo) para prevenir el desprendimiento de tierras, algo que no se hizo y que fue determinante para el fatal desenlace.

En el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo se sentaron ayer los cuatro imputados, Luis Fernando R.N., José Manuel P.N., Fernando Antonio G.R. y Manuel F.B., a quienes la fiscal considera responsables de un presunto delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores. Todos representan a las empresas vinculadas a la obra, consistente en la instalación de cableado en Gondomar: Unión Fenosa -que era para quien se realizaban los trabajos-, la firma de instalaciones eléctricas Neisfema S.L. y, finalmente, Excavaciones Tui S.L., que había sido subcontratada para hacer la zanja y que era donde trabajaba el fallecido.

La altura prevista para el foso era de entre 1´10 y 1´20 metros. Pero la empresa que hizo el topo para acometer la canalización subterránea situó ésta a más de dos metros, lo que obligó a excavar la zanja hasta esta profundidad. En casos así, según admitieron algunos de los acusados, es obligatorio entibar (fortalecer con un revestimiento y apuntalar) para evitar desprendimientos de tierras, como finalmente ocurrió.

En el caso de Gondomar no se hizo esta entibación. "No se contaba llegar a esa profundidad", dijo el responsable de la empresa de excavaciones de Tui, quien insistió en que el terreno no conllevaba "riesgos". Su hermano Celso, que trabajaba junto al fallecido y que ayer compareció como testigo, señaló que la empresa que hizo el topo le dijo que aquello "no entrañaba peligro" y que excavaron hasta esa profundidad de más de dos metros. En el momento en que se produjo el siniestro, a media mañana, no había ningún responsable de las empresas vigilando la obra. Celso, que aseguró que llevaban casco pero que nunca habían recibido cursos de de riesgos laborales, dijo que escuchó un ruido y que ya vio a su compañero, aprendiz, sepultado por la tierra.

Los acusados negaron su responsabilidad en el siniestro y dos incluso señalaron que no tenían nada que ver con esa obra. "Me enteré del accidente un año después", llegó a afirmar uno de ellos. Debido a la larga instrucción -duró siete años- se beneficiarán de la atenuante de dilaciones indebidas.