El Poder Judicial expedienta al juez Tirado por dejadez de funciones en el "caso Mari Luz"

El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al detenido por la muerte de la niña Mari Luz Cortés actuó con "pasividad" y con "dejación de funciones". Así lo indica la Inspección en un informe en el que propone a la comisión disciplinaria abrir un expediente al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por una falta muy grave de desatención del artículo 417-9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que puede ser castigada con la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

"Dada la pasividad del magistrado-juez titular, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del juzgado, puede concluirse que pudo incurrir en conducta susceptible de reproche disciplinario", añade el texto elaborado por el jefe de la Inspección, José María Gil Sáez.

En este informe, que será estudiado por la comisión disciplinaria el próximo lunes, Inspección también propone archivar la investigación abierta al juez de la Audiencia de Sevilla Javier González, que tardó casi 3 años en confirmar la sentencia dictada por Tirado, porque la falta muy grave de desatención en la que podría haber incurrido ha prescrito.

Ambos jueces justificaron los retrasos en la tramitación de la causa seguida contra el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, por los abusos a su hija, en la sobrecarga de trabajo, falta de plantilla, bajas y escasa preparación de algunos de sus funcionarios en sendos escritos remitidos al Servicio de Inspección del CGPJ.

Tirado remitió el pasado martes su escrito de explicación a lo ocurrido a la Inspección del Consejo. En él, además de hacer constar los trámites de la ejecución de la sentencia contra Del Valle, el juez incluye consideraciones sobre la situación de baja de la funcionaria a cargo del caso, entre otras cuestiones. Por su parte, Javier González señaló que la dilación en el dictado de la sentencia contra Del Valle fue consecuencia de su propio retraso por la sobrecarga de trabajo.