No hubo juicio y los últimos históricos del contrabando gallego, que en una década habrían movido tabaco por 50.000 millones de pesetas, eluden el ingreso en prisión. Una instrucción mal hecha y las dilaciones indebidas de una causa que comenzó en 1997 con la desarticulación del último de los grandes grupos de contrabandistas en Galicia, llevaron ayer a un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía que evitó la celebración de la vista oral del último macrosumario del "chollo do fume" en la Audiencia Nacional.

Los 40 imputados, entre los que figuran el cabecilla arousano de la organización, Juan Manuel Lorenzo Lorenzo, "Ferrazo", y su lugarteniente, el isleño Manuel Suárez Nieto, aceptaron un año de prisión cada uno, con lo que no ingresarán en la cárcel. El Estado, por su parte, se queda con un millón de euros en multas y los bienes decomisados en su día, pero no todos pues en muchos casos no ha llegado a demostrarse que procedan de dinero obtenido de forma ilegal.

De este modo se repite el camino que iniciaron históricos contrabandistas como Sito Miñanco, Manuel Carballo Jueguen o Marcial Dorado y otros 90 procesados en un sumario del año 1984. Éstos ni siquiera llegaron a sentarse en el banquillo al prescribir el procedimiento por las numerosas dilaciones.

Entre los efectos decomisados al grupo de "Ferrazo" figuran varios buques mercantes que trasladaban el tabaco rubio de contrabando desde Bélgica y Holanda, y algunas lanzaderas y planeadoras que recogían la mercancía en aguas internacionales frente a las costas gallegas. Inicialmente también se había embargado el pazo de Lantañón, valorado entonces en casi 1,8 millones de euros, a nombre de la mujer de "Ferrazo", y el chalé donde tenían su domicilio el matrimonio en Vilagarcía. No obstante ambos bienes habrían quedado ahora en poder de la familia al no llegar a acreditarse que se adquirió con dinero procedente del contrabando.

Los decomisos que se mantienen en el acuerdo alcanzado ayer son los relacionados con los hechos (las embarcaciones) y los vehículos. Tampoco se decomisan finalmente las cuentas corrientes de las mujeres e hijos de algunos de los procesados por importe superior a un millón de euros.

El fiscal retiró ayer las acusaciones de asociación ilícita para todos los procesados y mantuvo la de delito continuado de contrabando de tabaco. Un delito considerado menor, por lo que ninguno entrará en prisión. El ministerio público también retiró la acusación del delito de revelación de secretos al funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, Ramón Fernández Brianes, y lo mantuvo para su compañero Ventura Piñeiro Pastoriza. Ambos habían sido acusados de facilitar información a Lorenzo Lorenzo sobre las salidas de las lanchas y aviones de la Agencia Tributaria.

El acuerdo fue posible porque además de las dilaciones, la instrucción presentaba deficiencias y algunas pruebas estaban invalidadas por defecto de forma. Como ejemplo: uno de los abogados de oficio recibió hace apenas 5 días los 24 tomos del sumario. Fuentes jurídicas elegan que de haberse celebrado el juicio podrían haber salido idemnes.