Los fiscales acusan a Meta: «Ocultó lo que sabía sobre el daño a los jóvenes porque mirar hacia otro lado es más rentable».

Meta afronta en California uno de los juicios más delicados de su historia bajo una acusación que va mucho más allá del debate sobre el uso excesivo de las redes sociales. Los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey sostienen que la compañía sabía que algunas funciones de Facebook e Instagram podían causar daños a niños y adolescentes, pero optó por no actuar porque mantener a los usuarios conectados resultaba más rentable.

La frase que resume la tesis de la acusación la lanzó el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman: «Meta ocultó lo que sabía sobre el daño que sus productos causan a los jóvenes porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable».

El proceso en el tribunal federal de Oakland evalúa varias acusaciones contra la tecnológica fundada por Mark Zuckerberg. Entre ellas, las de estos cuatro estados, que aseguran que Meta vulneró sus respectivas leyes de protección al consumidor.

La coalición de fiscales ha llegado a calificar este procedimiento como la demanda de protección al consumidor «más grande» de Estados Unidos en lo que va de siglo y se muestra confiada en poder repetir una estrategia que ya dio resultado hace casi tres décadas frente a otro gigante empresarial. «Lo hicimos con el acuerdo sobre el tabaco en la década de 1990. Lo haremos de nuevo con Meta», afirmó Coleman.

El precedente de las tabacaleras

El fiscal de Kentucky alude al histórico Acuerdo Marco de Conciliación, conocido como MSA, alcanzado en 1998 entre 52 estados y territorios estadounidenses y las cuatro mayores compañías tabacaleras del país.

Aquel pacto fue la consecuencia de las demandas presentadas desde 1994 contra las empresas del tabaco por infringir las leyes de protección al consumidor al no advertir adecuadamente sobre los daños que podían causar los cigarrillos.

Los estados reclamaban, entre otras cuestiones, el dinero público empleado en atender enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El acuerdo terminó resolviendo decenas de litigios y obligó a las tabacaleras a desembolsar aproximadamente 206.000 millones de dólares durante sus primeros 25 años de vigencia.

Con el tiempo, más de 45 compañías del sector se adhirieron a acuerdos dentro de ese marco. El MSA continúa considerado como el mayor acuerdo civil de la historia de Estados Unidos. Otros cuatro estados —Florida, Minnesota, Misisipi y Texas— no formaron parte del pacto porque ya habían alcanzado previamente acuerdos que sumaban alrededor de 40.000 millones de dólares.

Ahora, los fiscales intentan trasladar parte de aquella lógica jurídica al terreno de las redes sociales.

El núcleo de la acusación: mantener a los menores «enganchados»

La comparación entre Meta y las tabacaleras no se basa en que ambos productos sean equivalentes, sino en la conducta que los fiscales creen poder demostrar.

La acusación sostiene que Meta diseñó funciones de Facebook e Instagram con el objetivo de mantener a los menores conectados durante cada vez más tiempo y que esas herramientas podían llegar a provocarles daños físicos y mentales.

Los fiscales aseguran que la compañía era consciente de esos riesgos y, aun así, no informó adecuadamente sobre ellos.

El fiscal general de California, Rob Bonta, resumió esa idea tras la primera jornada de vistas: «Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal».

Por tanto, el juicio no gira únicamente alrededor de si las redes sociales pueden resultar perjudiciales para determinados adolescentes. La cuestión que deberán probar los demandantes es bastante más grave: si Meta conocía los riesgos asociados a determinadas funciones, si las mantuvo porque contribuían a aumentar el uso y los ingresos y si ocultó o minimizó información relevante sobre sus posibles consecuencias.

Más de 3.000 demandas contra las redes sociales

La ofensiva de los estados tampoco llega de forma aislada. Antes del gran acuerdo contra las tabacaleras de los años noventa, particulares habían presentado más de 800 demandas contra fabricantes de cigarrillos desde mediados de la década de 1950 hasta 1994 por daños relacionados con el tabaquismo, según datos del Public Health Law Center.

Algo parecido ha ocurrido ahora alrededor de las redes sociales. Las compañías matrices de estas plataformas afrontan ya más de 3.000 acusaciones por supuestamente causar daños a la salud de sus usuarios. Los fiscales presentan, por tanto, el actual juicio contra Meta como una parte de un proceso mucho más amplio.

El resultado de Oakland es observado de cerca por otros gigantes tecnológicos, entre ellos Google, TikTok y Snap, también señalados en procedimientos relacionados con el impacto de sus plataformas sobre niños y adolescentes.

Una resolución adversa para Meta podría tener consecuencias más allá de Facebook e Instagram y establecer criterios sobre hasta dónde llega la responsabilidad de las tecnológicas por el propio diseño de sus productos.

De los cigarrillos al algoritmo

Los fiscales insisten en que existen similitudes entre el proceso actual y el que acabó doblegando a las grandes tabaqueras. En ambos casos hubo primero una larga sucesión de demandas particulares. Después llegaron las actuaciones coordinadas de los estados. Y, sobre todo, la acusación se apoya en una idea similar: que las compañías disponían de información sobre los riesgos de sus productos que los consumidores no conocían en la misma medida.

En el caso del tabaco, la discusión se centró durante décadas en el conocimiento interno de las compañías sobre los efectos de los cigarrillos.

En el juicio contra Meta, el foco se sitúa ahora sobre los mecanismos de las plataformas: recomendaciones algorítmicas, herramientas destinadas a aumentar la interacción y otras funciones que, según las acusaciones, fueron diseñadas para prolongar el tiempo de permanencia de los usuarios.

Los estados sostienen que esa lógica resulta especialmente grave cuando se aplica a menores, cuyo comportamiento puede ser más vulnerable a mecanismos que recompensan de forma constante la interacción y empujan a continuar utilizando una aplicación.

Una batalla que Meta ha intentado frenar

La tecnológica ha intentado durante el proceso previo que las acusaciones fueran desestimadas y evitar que parte de los litigios llegasen a juicio. Sin embargo, en los últimos meses ha recibido varias resoluciones judiciales adversas que han permitido que distintas reclamaciones sigan adelante y que, en algunos casos, la han obligado también a realizar pagos millonarios.

Eso eleva la presión sobre un proceso que los fiscales quieren convertir en referencia nacional. Meta se enfrenta no solo a la posibilidad de una condena económica, sino también al riesgo de que un tribunal avale la idea de que una plataforma tecnológica puede ser considerada responsable por determinadas decisiones de diseño cuando esas decisiones contribuyen a generar daños previsibles en sus usuarios.

¿Cuánto dinero está en juego?

Por ahora, la cifra es una incógnita. Los fiscales se negaron a concretar cuánto dinero reclaman a Meta, pese a las especulaciones de los últimos días sobre el alcance económico que podría llegar a tener una eventual condena. Sí han detallado, sin embargo, qué conceptos pretenden reclamar.

Buscan sanciones civiles, la devolución de beneficios considerados ilícitos y restitución, aunque no han avanzado una cantidad concreta.

El precedente de las tabacaleras explica que el posible coste económico del caso atraiga tanta atención. Pero el paralelismo no permite anticipar que Meta vaya a afrontar una factura similar a los 206.000 millones del MSA. El juicio actual tiene su propio marco legal, sus propias pruebas y una industria completamente diferente.

Lo que sí está claro es que el resultado será seguido por todo el sector tecnológico.

Un juicio con efectos más allá de Meta

El proceso de Oakland pone sobre la mesa una cuestión que lleva años creciendo en Estados Unidos: hasta qué punto las compañías de redes sociales deben responder por las consecuencias de mecanismos concebidos para aumentar la interacción de sus usuarios. Durante mucho tiempo, las tecnológicas han defendido que sus plataformas son herramientas cuya utilización depende en buena medida de las decisiones de quienes las usan.

Las demandas actuales intentan desplazar ese debate hacia el diseño del propio producto. Los estados sostienen que no están juzgando simplemente contenidos dañinos publicados por terceros, sino decisiones empresariales concretas sobre cómo funcionan las plataformas y cómo consiguen que los usuarios regresen una y otra vez. Ese matiz será fundamental durante el juicio.

La acusación tratará de demostrar que, especialmente en el caso de niños y adolescentes, la compañía no fue un actor pasivo ante los potenciales daños, sino que desarrolló mecanismos destinados deliberadamente a incrementar el uso. Y para defender esa tesis los fiscales han elegido una comparación histórica muy poderosa.

Hace casi tres décadas, los estados estadounidenses lograron demostrar que las compañías tabacaleras habían ocultado información sobre los riesgos de sus productos y consiguieron el mayor acuerdo civil de la historia del país.

Ahora quieren convencer al tribunal de que, en la economía digital, una de las compañías más poderosas del mundo pudo haber seguido una lógica similar: conocer un riesgo, seguir explotando el producto y asumir que mirar hacia otro lado resultaba más rentable