Galicia llega con parte del trabajo hecho a la reforma de la dependencia, pero tendrá que ampliar derechos: más cuidados a domicilio y más libertad para elegir

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso aprobó este jueves, por 20 votos a favor y 17 en contra, el dictamen que modifica el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La reforma, que contó con el voto en contra de PP y Vox, tiene como objetivo reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal, conforme al artículo 49 de la Constitución.

Galicia no parte de cero ante la reforma estatal de las leyes de discapacidad y dependencia.El dictamen que avanza en el Congreso, pensado para adaptar la legislación al nuevo artículo 49 de la Constitución, coloca el foco en derechos muy concretos: vivir en el entorno elegido, recibir apoyos sin sujeciones, combinar prestaciones, acceder a la teleasistencia, eliminar barreras en edificios y participar en la decisión sobre los cuidados. Y ahí la comunidad tiene camino adelantado, pero también deberes pendientes.

La clave está en que la dependencia no se gestiona desde Madrid, sino desde las comunidades autónomas. La normativa recuerda que a las autonomías les corresponde planificar, ordenar, coordinar y gestionar los servicios y recursos del sistema, mientras que los ayuntamientos participan en la atención y son piezas básicas en servicios como la ayuda en el hogar. En Galicia, de hecho, los concellos titulares del servicio de ayuda en el hogar son los que dan de alta a las personas en espera conforme al programa autonómico de asignación de recursos.

Menos burocracia

El primer terreno en el que Galicia llega con los deberes bastante avanzados es la simplificación burocrática. Desde enero de 2025 existe en la comunidad un procedimiento conjunto para pedir en un único trámite el reconocimiento de la dependencia, el derecho a prestaciones y el grado de discapacidad. La Xunta inhabilitó el antiguo formulario separado de discapacidad y canalizó estas solicitudes a través del procedimiento BS210A, diseñado para tramitar conjuntamente ambos reconocimientos.

Además, Galicia ya anunció una homologación automática para las personas con dependencia reconocida que pidan discapacidad: grado I, 33%; grado II, 66%; y grado III, 100%. La reforma estatal también crea esa pasarela, aunque con otra formulación: 33% de discapacidad para el grado I de dependencia y 65% para los grados II y III, con efectos en los ámbitos previstos por la propia ley o por otras normas que lo contemplen expresamente y sin aplicación automática en el ámbito tributario.

Servicios de teleasistencia

También tiene camino recorrido en teleasistencia. Galicia ya dispone de un servicio autonómico para personas en situación de dependencia y la Xunta lo presenta como un derecho subjetivo dentro de la atención a este colectivo. Además, la normativa gallega permite compatibilizar la teleasistencia con todos los servicios o libranzas salvo la atención residencial o la prestación vinculada a una plaza residencial.

Pero la reforma estatal eleva la exigencia. No habla solo de un botón de emergencia o de una llamada de seguimiento, sino de una teleasistencia continua, personalizada, accesible y apoyada en tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, la domótica, la robótica o internet de las cosas. El reto para Galicia será garantizar que ese derecho no dependa del lugar de residencia, de la brecha digital o de la capacidad de despliegue tecnológico, especialmente en una comunidad envejecida y dispersa.

Ayuda en casa

La Xunta también llega con una medida propia muy visible: el Bono cuidado en el hogar. Es una ayuda directa de 5.000 euros al año, 416 euros al mes, para que una persona con dependencia pueda permanecer en su casa cuidada por un familiar, un amigo o un vecino de referencia, con independencia de la renta y del grado de dependencia.

Ese bono encaja con el espíritu de la reforma, que quiere reforzar los cuidados de proximidad y evitar que la residencia sea la única salida cuando una persona necesita apoyos. Pero la nueva ley va más allá de pagar una ayuda: obliga a construir itinerarios de cuidados más flexibles, combinables y centrados en lo que la persona quiere hacer con su vida.

Ahí aparece uno de los deberes pendientes de Galicia: las incompatibilidades. La comunidad ya flexibilizó parte de su sistema en 2023 y permite combinar, con límites, la ayuda en el hogar con centros de día, centros de noche o servicios de promoción de la autonomía. También permite compatibilizar parcialmente la prestación de cuidados en el entorno familiar con ayuda en el hogar o centro de día, y la asistencia personal con ayuda en el hogar no intensiva.

Pero esas compatibilidades siguen estando tasadas, con topes de horas y condiciones muy concretas. La reforma estatal suprime el régimen estatal de incompatibilidades, aunque el propio texto advierte de que esa supresión no modifica automáticamente las incompatibilidades fijadas por las comunidades autónomas. Por eso, si Galicia quiere alinearse de verdad con el nuevo modelo, tendrá que revisar sus propias reglas para que el sistema no obligue a elegir entre recursos que, en la vida real, muchas familias necesitan al mismo tiempo.

El segundo gran deber está en la ayuda a domicilio. Galicia tiene el Servicio de Ayuda en el Hogar y lo incluye en el catálogo de dependencia, pero su regulación lo define básicamente en dos bloques: atención de las necesidades del hogar y cuidados personales. La reforma estatal amplía el concepto: la ayuda a domicilio podrá prestarse también en el entorno comunitario próximo, con el objetivo de facilitar actividades de la vida diaria y promover la autonomía.

El nuevo modelo no piensa solo en limpiar, asear o acompañar dentro de casa, sino en ayudar a que la persona pueda seguir viviendo en su barrio: ir al médico, comprar, participar en actividades, relacionarse y no quedar aislada. En Galicia, con miles de núcleos rurales y población muy envejecida, ese salto exigiría más coordinación con los concellos, más personal y una cartera de apoyos menos doméstica y más comunitaria.

La voluntad del dependiente

El tercer deber pendiente afecta al Programa Individual de Atención, el PIA. La reforma estatal insiste en que los cuidados deben acordarse con la persona dependiente y ajustarse a su voluntad, deseos y preferencias. Incluso prevé que, si los servicios sociales se apartan de lo que la persona quiere, deberán justificarlo de forma motivada y acreditar que antes agotaron todas las opciones para respetar esa voluntad.

La normativa gallega actual va menos lejos. El decreto autonómico señala que la propuesta del PIA tendrá en cuenta las expectativas o necesidades manifestadas por la persona interesada, pero añade que tendrán “carácter orientativo y no vinculante” para el órgano de valoración. Ese punto es uno de los choques más claros entre el modelo gallego vigente y el enfoque de derechos que impulsa la reforma estatal.

La figura del asistente personal

También tendrá que reforzarse la asistencia personal. Galicia ya reconoce una prestación económica para contratar a un asistente personal, pero la define vinculada al acceso a un proyecto formativo, laboral u ocupacional y a la promoción de la autonomía en actividades de la vida diaria. La reforma estatal amplía el enfoque: la asistencia personal debe permitir desarrollar un proyecto de vida libremente elegido “en todas las esferas”, no solo estudiar, trabajar o realizar una actividad ocupacional.

El cambio es de fondo. Supone pasar de una asistencia personal concebida como apoyo para determinadas actividades a una herramienta para decidir cómo, dónde y con quién vivir. Galicia tendrá que ver si su regulación, su financiación y su oferta de profesionales son suficientes para ese nuevo enfoque.

Las residencias

Otro ámbito sensible es el de las sujeciones en residencias y centros. Galicia lanzó en 2023 un Plan gallego de residencias libres de sujeciones, inicialmente para la red pública autonómica, con el objetivo de extenderlo a todos los centros de esa red.

La reforma estatal convierte esa orientación en un derecho más exigible: atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas, planes de “sujeciones cero” en las entidades prestadoras y uso excepcional de restricciones solo en casos de urgencia vital, con proporcionalidad, documentación, prescripción médica no genérica, supervisión técnica y consentimiento informado caso a caso.

El deber gallego será extender esa cultura más allá de experiencias piloto o de la red pública autonómica y garantizar controles reales también en centros concertados y privados. No bastará con decir que las sujeciones son el último recurso: habrá que acreditar que existen alternativas, formación, ratios y supervisión.

Viviendas más accesibles

La reforma también mira a las viviendas y comunidades de propietarios. Galicia ya convoca ayudas de accesibilidad para edificios y viviendas, con actuaciones como ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos, videoporteros, domótica o productos de apoyo. En 2026 la convocatoria autonómica de accesibilidad cuenta con 5,3 millones de euros para adaptar unas 750 viviendas.

Pero la nueva ley no se limita a subvencionar obras. Modifica la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar el deber de las comunidades de propietarios de ejecutar actuaciones de accesibilidad universal. Si un vecino informa de ayudas disponibles a las que la comunidad pueda concurrir, esta queda obligada a solicitarlas. Y si las subvenciones concedidas alcanzan el 70% del coste, la obra será obligatoria sin que operen los límites económicos ordinarios. Si aun así la comunidad no actúa, la persona interesada podrá acudir al juez para forzar la ejecución.

Para Galicia, el reto estará en que las ayudas no se queden en convocatorias puntuales y en que los edificios antiguos, muchos sin ascensor o con barreras en portales y accesos, puedan adaptarse con suficiente agilidad. La ley estatal refuerza el derecho, pero la efectividad dependerá de presupuestos, información a las comunidades, proyectos técnicos y capacidad para tramitar obras.

El presupuesto

El último gran deber es la capacidad del sistema. El Gobierno central ha aprobado una financiación adicional de 6.200 millones de euros para dependencia en 2026 y 2027, con el objetivo de aumentar las transferencias a las comunidades, reducir listas de espera, contratar personal, mejorar condiciones laborales y ampliar servicios como los cuidados a domicilio.

Según las estimaciones difundidas por el Gobierno central, Galicia podría sumar casi 16.000 beneficiarios más antes de finalizar 2027 y reducir en un 62,3% las personas pendientes de recibir una prestación efectiva.

La foto de partida es relativamente favorable en comparación con otras comunidades, pero no resuelve el problema. Según datos del Observatorio Estatal de la Dependencia recogidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Galicia tenía a finales de mayo 1.365 personas en lista de espera y un tiempo medio de espera de 312 días. Es decir, menos atasco relativo que otros territorios, pero todavía casi un año de espera media. Galicia es la comunidad que en porcentaje tiene a menos dependientes en lista de espera.

En resumen, Galicia puede presumir de haber adelantado algunas piezas de la reforma: la pasarela entre dependencia y discapacidad, la solicitud conjunta, la teleasistencia, el bono universal para cuidados en casa, ciertas compatibilidades y programas contra las sujeciones. Pero la nueva ley desplaza el listón. El debate ya no es solo cuántas prestaciones se conceden, sino si la persona puede combinarlas, elegirlas, recibirlas a tiempo, vivir en su entorno, moverse por su edificio y mantener el control sobre su propio proyecto de vida.

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