La asociación Derecho a Morir Dignamente denuncia el exceso de burocracia en Galicia para acceder a la eutanasia: «Alarga el sufrimiento de forma innecesaria y cruel»

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) reclamó ayer, con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), un protocolo asistencial de calidad unificado en todos los territorios, tanto en la sanidad pública como en la privada. La entidad denunció la existencia de desigualdades entre las distintas comunidades en cuanto al gestión de las solicitudes de ayuda para morir y las tasas de acceso a la eutanasia.

Galicia se encuentra por debajo de la media nacional en ambos aspectos. En cuanto a la tasa de solicitudes, la media nacional en 2025 fue de 1,61 por cada 100.000 habitantes, mientras que la gallega se situó en 1,42. Asimismo, la tasa de mortalidad por prestación de ayuda a morir en ese mismo periodo fue de 0,04%, cuando la media nacional se situó en el 0,13%, lo que representa uno de cada 750 fallecimientos. Esta tasa, además, descendió en la comunidad respecto a 2024, cuando la tasa se situó en el 0,06%. En cifras, según los datos facilitados por DMD Galicia, en 2025 se tramitaron 44 solicitudes de ayuda a morir, de las que se realizaron 13.

«No sabemos qué desenlace tuvieron las 31 que no se practicaron porque la Comisión de Garantías y Avaliación da Eutanasia (CGAE) aún no ha publicado el informe anual de Galicia de 2025 y estos datos los facilitó el Sergas en una reunión», concretó ayer a este diario Antón García Ferreiro.

«Observamos un ligero incremento de las solicitudes y un descenso en el número de prestaciones de ayuda para morir (PAM) realizadas. Esto requiere un análisis para conocer las razones», afirma la asociación en un comunicado.

En este sentido, según el informe del CGAE correspondiente a 2024, ese año las solicitudes sumaron 35, mientras que las eutanasias realizadas fueron 16.

Por su parte, en España, en 2025 se recibieron 1.284 solicitudes y se finalizaron 1.187 procesos. De estos, se realizaron 565 de esas prestaciones. Asimismo, hubo 157 denegaciones (el 13,2% de las solicitudes) y 374 personas fallecieron durante el proceso (el 31,5%), según datos provisionales del Ministerio de Sanidad.

Según DMD, cinco años después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, las personas solicitantes de este derecho se encuentran con numerosos obstáculos, demoras y desigualdades territoriales que prolongan y agravan su sufrimiento, así como el de familiares y personas allegadas. Desde DMD Galicia denuncian la excesiva burocracia del proceso, que alarga los plazos más allá de los máximos para la tramitación que estipula la ley (entre 30 y 45 días). En 2025, la media de espera en la comunidad fue de 55,6 días. «Esta demora supone una prolongación del sufrimiento de la persona de forma innecesaria y cruel», denuncian desde la entidad.

DMD Galicia afirma que la reducción de estos tiempos es posible, como demuestra el caso de la activista Laura Fernández Abalde, enferma de cáncer terminal, que falleció por eutanasia en noviembre de 2024 tras un proceso de 21 días.

Desde su delegación gallega, el colectivo reclama una mayor formación del personal sanitario que facilite la gestión de este «laborioso procedimiento administrativo» y pide, además, la creación de un registro de objetores de conciencia.

Asimismo, en 2025 se registraron más de 6.000 nuevos testamentos vitales en el Registro Gallego de Instrucciones Previas (REGAIP). En un 84 % de ellos se solicita la eutanasia y en un 64 % se autoriza la donación de órganos. Esta cifra triplica la de años anteriores, un avance que la asociación atribuye a su campaña de concienciación.

A pesar de ello, DMD Galicia matiza que la comunidad sigue estando entre las que suman un menor número de testamentos vitales, con una tasa de 7 por cada 1.000 habitantes, mientras que en Cataluña y Navarra alcanzan entre 27 y 32 por cada 1.000, respectivamente.

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