Martín Pallín: «La justicia está muy centrada en la vida política»

«Ahora la justicia está demasiado centrada en la vida política, puede llevar a a un político o a un presidente de gobierno o a la esposa de un presidente de gobierno a la cárcel, hay conflictos que en vez de sustanciarse en sede parlamentaria, se llevan a los juzgados, expresó ayer José Antonio Martín Pallín en Club FARO de Vigo durante la charla coloquio en la que presentó su último libro, ‘Visto para sentencia’.

El magistrado emérito de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que fue presentado y entrevistado por los magistrados jubilados Julio Picatoste y Teresa Conde-Pumpido, defendió la dimensión de servicio público de la justicia, como aspecto que valora el ciudadano que acude a un tribunal por una herencia, un divorcio, un alquiler o un caso de violencia de género: “tiene derecho a que el Estado le dé una respuesta eficaz”, ajustada a la ley y, sobre todo, “en un plazo razonable”. En ese punto fue especialmente crítico con la situación española, marcada, según señaló, por retrasos que ya compiten con las peores listas de espera de la sanidad.

Pallín mostró su preocupación creciente judicialización de la vida política y en la responsabilidad que, a su juicio, también tienen jueces y tribunales en ese proceso. Defendió que muchos conflictos que deberían resolverse en sede parlamentaria acaban trasladándose a los juzgados, con un enorme efecto de desgaste público aunque después las causas terminen archivadas. Citó el caso de Ada Colau, que llegó a acumular 16 querellas cuando era alcaldesa, y lamentó que se admitan a trámite denuncias de escaso fundamento que luego alimentan durante semanas el debate mediático. “Un partido político puede ejercer la moción de censura, la moción de confianza, la reprobación o las comisiones de investigación, pero no puede judicializar la confrontación política”. Para Pallín, que un partido político pueda ejercer la acción popular es una anomalía que “no existe en ningún país de la Unión Europea”.

Sobre la llamada conformidad penal, una figura que consideró profundamente problemática, recordó que existe desde la ley de 1882, pero denunció que se ha convertido en “un mercadeo” que puede vulnerar garantías esenciales. “Yo ya hacía tiempo que decía que la conformidad es inconstitucional”, afirmó, al entender que compromete tanto el principio de no confesarse culpable como el de legalidad. Con tono muy crítico, sostuvo que en demasiadas ocasiones el sistema deriva en pactos rápidos entre acusación y defensa para evitar macrocausas largas y complejas, a costa de rebajar el estándar de garantías. “Eso vulnera todas las garantías procesales”, insistió, hasta el punto de defender abiertamente que debería suprimirse.

Que un partido político pueda ejercer la acción popular es una anomalía insólita en el resto de Europa

Sobre el Consejo General del Poder Judicial, criticó su sistema de elección por cuotas, su tendencia a opinar sobre materias ajenas a la estricta organización judicial —“¿qué hace el Consejo opinando sobre el aborto y la eutanasia?”— y su pasividad ante comportamientos que, a su juicio, debieron ser corregidos. Fue especialmente severo con el activismo de algunos jueces y con escenas “insólitas” en Europa, como ver a magistrados manifestándose con toga “sin ser carnaval” contra leyes aún no aprobadas. «Podrían dedicarse a presionar al gobierno de turno (sea PP o PSOE) para que aumente la dotación presupuestaria a la justicia» y los salarios de los jueces, de los más bajos de Europa junto a Bulgaria y Rumania, afirmó.

Activismo judicial y democracia

Pallín se mostró muy crítico con las actuaciones de algunos jueces como Peinado y Hurtado en casos como el de Begoña Gómez o Félix Bolaños, y mostró su preocupación por las «manifestaciones continuas» de la Asociación de Profesionales de la Magistratura y su número elevado de integrantes, unos 1.300. Vinculó el activismo judicial con el fenómeno del lawfare, entendido como el uso instrumental de los tribunales para erosionar adversarios. A su juicio, cuando la Justicia invade ámbitos que pertenecen al Ejecutivo o al Legislativo, se rompe el equilibrio entre poderes. Citó como ejemplos los ERE de Andalucía o la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. “Hay una barrera infranqueable”, advirtió: “el funcionamiento normal del Parlamento”. Y añadió que el juez no puede entrar a corregir actos políticos avalados por la soberanía popular, salvo en supuestos muy excepcionales, porque de lo contrario “se termina con la descomposición de la democracia”. Defendió revisar a los aforamientos, que calificó de “antigualla”, y expresó reservas sobre una eventual atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal. Alertó del riesgo de romper la igualdad de armas entre acusación y defensa. “El fiscal dispone de la policía. El acusado, no”.