Insultar o boicotear una manifestación del 8-M puede salir caro: hasta 30.000 euros de multa e incluso cárcel

«Es inaudito que haya gente que no acepte el 8-M y que intenta físicamente impedir esa libre manifestación de ideas». La reflexión la realiza José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Este profesor añade que gritar consignas contra una manifestación o impedir el normal desarrollo de la misma puede salir caro: multas de hasta 30.000 euros o incluso cárcel.

La reflexión de Fernández Rodríguez surge a raíz de lo acontecido el pasado domingo en varias ciudades españolas. En el caso de Vigo, varios conductores atravesaron la mobilización del 8-M; en Valencia, otro automovilista intentó cruzar haciendo caso omiso de la prohibición de un agente allí presente y en Madrid, varios hombres de ideología fascista intentaron boicotear la protesta en diferentes puntos.

«Es inaceptable el nuevo contexto de odio y radicalización»

«Lo que pasó el domingo en Madrid es consecuencia, posiblemente, del nuevo contexto social lleno de odio y radicalización. Es inaceptable. La culpa la tenemos todos, incluido el sistema público que no es capaz de formar una ciudadanía fortalecida. Me pregunto si, a lo mejor, el sistema público piensa que la educación es una cosa secundaria. Hay que formar ciudadanía comprometida y no consumidores sin más o radicales. No podemos dejar que a nuestros chicos los eduquen las redes sociales. Es consecuencia de un entorno desinformador y polarizado así como radicalizado», reflexiona el catedrático gallego.

Avisa que quienes intentan parar la manifestación o interrumpirla pueden ser sancionados.«Las sanciones dependen de la gravedad. Por un lado, las regula la Ley de la Seguridad Ciudadana y el Código Penal. Hay que ver el tipo de vulneración e interrupción», aclara.

Hasta tres años de cárcel

Explica que el incumplimiento de la restricción en la circulación es una infracción leve en la Ley de Seguridad Ciudadana (hasta 600 euros de multa). «Si alguien grita contra la manifestación como parece que aconteció en Madrid sería una sanción de hasta 30.000 euros», añade José Julio Fernández Rodríguez. Además, «si se ponen violentos, ya entraría en el Codigo Penal, que lo castiga con hasta tres años de cárcel».

Desde el colectivo feminista As Furias, coorganizadora da manifestación de las 12.00 horas del 8-M en Vigo, indican que «es un peligro porque nunca sabes qué intenciones puede tener esta gente que va en coche. Hay que pensar que puede haber personas que realmente quieren hacer daño. Nosotras teníamos autorizado el corte de calles por lo que se debería haber vigilado todos los cruces».

Tirón de orejas a las fuerzas del orden

Desde los servicios jurídicos de la CIG, señalan que son los atestados de la policía los que deben indicar si hubo riesgos para la población. Si no hubo heridos ni hubo un riesgo especial, sería una sanción administrativa. Si hubiese heridos, sería un delito contra la seguridad vial. «Se enfrentaría a prisión o retirada de carné y demás», añaden.

Desde el punto de vista del letrado de la CIG debería intervenir también la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, desde esta indicaron a FARO que solo les compete la autorización de las manifestaciones. «Poñen moito celo no dereito da manifestación, que se cumpra que esteas no sitio onde che mandan pero deberían poñer un celo similar cando hai unha vulneración do dereito a manifestarse», expresan desde a Confederación Intersindical Galega.

Un tráiler en Santiago intentó entrar en una protesta femenista

La secretaria de Organización de la CIG, Susana Méndez apunta que incidentes como los que se produjeron en Vigo durante las manifestaciones del 8-M, así como en Valencia y Madrid «no son nada novo para o contexto feminista. En Santiago xa se deron en varias ocasións. É bastante habitual cando hai unha protesta feminista que se produzan este tipo de cousas. Recentemente nunha manifestación en Santiago contra os feminicidios un tráiler intentou meterse e pasar a través da protesta. En Compostela é habitual este tipo de accións belixerantes contra as feministas».

Méndez engadiu que nota un «celo moi grande» nas forzas de seguridade en que se cumpra a autorización, no sobrepasar o espazo autorizado para a manifestación, pero «á hora de perseguir os individuos que vulneran o dereito á manifestación as forzas son máis comprensivas. Repréndenos pero non hai unha actuación directa contra este colectivo. É unha consecuencia das estruturas patriarcais».

Persecución en Madrid

La secretaria xeral de la unión comarcal de CC OO Vigo-Baixo Miño, Montse Carrera, añade que en Madrid mujeres feministas, influencers y periodistas «están sendo acosadas pola ultradereita. O ambiente que viven en Madrid é moi forte. Temos compañeiras agotadas polo ataque continuo. A algunha comunicadora ata a seguiron á súa casa. O 8-M e o feminismo están no seu punto de mira; é un ataque continuo ás nosas iniciativas que buscan torpedear pero a nosa loita continúa. Nin un paso atrás porque están atacando a democracia».

El catedrático de la USC José Julio Fernández añade que «el 8-M es una fecha conocida en todo el planeta en la reivindicación de la igualdad para las mujeres. ¿Cómo las redes sociales están alumbrando nuevos machismos? Es inaudito. La tecnología en vez de mejorar la democracia parece que la está empeorando. Hay manipulación, desinformación y polarización por los algoritmos de las redes sociales. Mengua la calidad de la educación cívica».

Un cambio de mentalidad en la seguridad pública

Por último, opina que si la sociedad «está polarizada como vemos, los responsables de seguridad en los ayuntamientos deberían ser más sensibles que antes. Hay que adoptar las medidas adecuadas para garantizar el libre ejercicio de la manifestación. A veces el discurso feminista da lugar a odio físico o verbal. Me pregunto si, a lo mejor, los responsables de seguridad municipal deberían ser especialmente sensibles en la protección de la manifestación feminista. Por ejemplo, en vez de colocar un cartel de prohibido el paso, podría haber dos agentes allí para impedirlo para ser más persuasivos. La seguridad pública tiene que adaptarse a las circunstancias de cada época. En España, como hay ahora esta polarización, a lo mejor hay que proteger más las manifestaciones feministas».

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