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Migraciones

Del barro a la dignidad: el éxito de la regularización en Valencia como espejo para España

Mientras el Gobierno central ultima un proceso histórico para 840.000 personas, la experiencia en L’Horta Sud tras la catástrofe demuestra que otorgar derechos a quienes ya conviven y trabajan entre nosotros es una buena receta contra la precariedad, el estigma y la explotación

El testimonio de Mónica, Abdenour y Jéssica, tres migrantes regularizados tras la dana

El testimonio de Mónica, Abdenour y Jéssica, tres migrantes regularizados tras la dana / Francisco Calabuig

Gonzalo Sánchez

Massanassa

Durante meses, el horizonte de Abdenour se limitaba a lo que alcanzaba la batería de su patinete eléctrico. Era su único medio para moverse entre peluquerías y almacenes de la periferia de Valencia, el vehículo de quien sabe que debe pasar desapercibido, de quien habita una ciudad pero no posee sus derechos. El patinete era el símbolo de una vida en pausa, de una existencia que evitaba las avenidas principales para no encontrarse con un control policial que terminase con una orden de expulsión. Hoy, el sonido que acompaña sus mañanas es el rugido de una moto propia. Un pequeño motor que, para este joven marroquí, suena a libertad. "Cómo has prosperado eh Abdenour", le dijo Fran Raga, el abogado extranjerista que tramitó su regularización hace pocos meses, la primera vez que lo vio con aquella moto y con una sonrisa de oreja a oreja.

Abdenour es uno de los rostros de un experimento que ha funcionado en el silencio de la post-tragedia. Tras la dana del pasado 29 de octubre, el barro no solo sacó a la luz la vulnerabilidad de las infraestructuras, sino también la de miles de vecinos invisibles que, pala en mano, ayudaron a reconstruir pueblos donde legalmente no existían. Según estimaciones de Oxfam Intermón, unas 41.000 personas migrantes malvivían sin papeles en la provincia de Valencia antes de la riada. De ellas, unas 23.000 han logrado regularizarse gracias a los procesos extraordinarios activados tras la catástrofe. Valencia ha sido, sin planearlo, el laboratorio de la regularización que ahora el Gobierno de España quiere extender a todo el país.

Migrantes regularizados tras la dana que han conseguido mejorar su vida en Massanassa

Migrantes regularizados tras la dana que han conseguido mejorar su vida en Massanassa / Francisco Calabuig

El fin de la servidumbre: las "catorce horas" de Mónica

Si para Abdenhour la dignidad tiene forma de moto, para Mónica Andrea Celis tiene forma de tiempo. Mónica, colombiana de Cali, llegó a España buscando un futuro que se tornó gris casi de inmediato. Durante 18 meses vivió lo que ella define como "explotación laboral". Trabajaba como interna en una casa donde solo le daban 12 horas libres cada 15 días. "Eso de tener dos horas diarias o fines de semana no existía para mí. Eran 12 horas cada dos semanas y vuelta al encierro", recuerda con una amargura que solo ahora empieza a disiparse.

La regularización extraordinaria por la dana -que le pilló precisamente auxiliando a unos ancianos frente a su casa mientras el agua subía- cortó esas cadenas invisibles. "Hoy tengo un empleo conforme a la ley. Ya obtuve mis primeras vacaciones y pude volver a mi país a ver a los míos", relata emocionada. El caso de Mónica es paradigmático: su regularización no fue un "regalo" del Estado, sino la herramienta que le permitió denunciar la servidumbre y acceder a un empleo digno donde su esfuerzo se traduce en cotizaciones y descanso real. Su historia demuestra que la falta de papeles es el caldo de cultivo perfecto para la esclavitud moderna en el corazón de Europa.

Jennifer: el miedo que se quedó en la maleta

Jennifer Ochoa, también colombiana, de Cúcuta (frontera con Venezuela), llegó a Valencia días antes de que el cielo se rompiera. Su recibimiento fue un caos de trenes averiados en Madrid y, poco después, el rugido del agua en L'Horta Sud. Pero el desastre natural no era su único temor. Su hija, presa del pánico por su situación irregular, vivía en un estado de alerta constante, casi paranoide. "Ella veía un policía y sentía que había cometido un delito grave, cuando lo único que hacía era intentar sobrevivir. Tenía el pasaje comprado para volverse a Colombia el día 28; no aguantaba más ese pánico de ser perseguida", cuenta Jennifer.

Ese billete de vuelta, el símbolo de la derrota migratoria, nunca se usó. La regularización permitió que Jennifer pasara de cuidar niños y ancianos de forma precaria y mal pagada a tener un contrato como camarera en un bar de Massanassa. "Estamos muy agradecidas. Mi hija ha cancelado el vuelo; ahora podemos caminar por la calle sin que el corazón nos dé un vuelco cada vez que vemos un uniforme", explica. Para ellas, el "papel" ha sido el permiso para dejar de ser fugitivas y empezar a ser vecinas que consumen en el comercio local, pagan sus impuestos y sirven cafés a los mismos vecinos que las vieron limpiar barro.

Un espejo para la reforma nacional

Este goteo de éxitos personales en municipios como Massanassa, Catarroja o Sedaví sirve de aval para el gran anuncio del Gobierno central: la reforma del Reglamento de Extranjería que busca regularizar a 840.000 personas en tres años, de las cuales se estima que 100.000 residen en la Comunitat Valenciana. El debate político suele llenarse de consignas abstractas sobre el "efecto llamada", pero la realidad a pie de calle en Valencia cuenta otra historia: el "efecto integración".

Abdenour reflexiona sobre el muro de los tres años de arraigo que la ley exigía hasta ahora: "¿Cómo vas a estar tres años sin papeles? Si no puedes trabajar legalmente, no puedes pagar un alquiler ni la comida. Eso empuja a la gente a la desesperación, y la desesperación a veces hace que la gente tome malos caminos para comer. Quitar ese tiempo es de justicia". Él mismo vivió el bloqueo burocrático cuando, tras llegar muy joven y trabajar duro, un parón administrativo le dejó en el limbo. Solo la reforma post-dana le permitió retomar su rutina y su contrato en el almacén.

La barrera de la invisibilidad cotidiana

La falta de regularización no solo afecta al trabajo; afecta a la vida más básica. Mónica y Jennifer recuerdan la impotencia de no poder contratar una línea de internet para que sus hijos estudiaran, o la imposibilidad de alquilar una vivienda digna sin un NIE, lo que las obligaba a aceptar habitaciones compartidas o condiciones de infravivienda. "A veces alquilan hasta media cama: uno duerme de noche y el otro, que trabaja de noche, duerme de día. Eso pasa aquí, en Valencia", denuncian.

La regularización ha eliminado esas barreras. Ahora, los empleadores que antes querían contratarlas pero temían las multas, tienen plantillas legales. El bar donde trabaja Jennifer tiene una empleada eficiente y contenta; el almacén de Abdenhour tiene a un joven motorizado y puntual; y la familia donde trabaja Mónica tiene a una profesional protegida por la ley.

"No nos juzguéis antes de conocernos", pide Abdenhour, recordando una metáfora de su país: si un pez huele mal en el capazo, parece que todos huelan mal. Él prefiere otra filosofía: "Tratad a la gente como os tratan a vosotros". En Valencia, la regularización no ha traído el caos ni la delincuencia que vaticinan los discursos del odio. Al contrario, ha traído estabilidad, contratos y una moto que cada mañana recorre Massanassa, recordándonos que la dignidad, una vez que arranca, ya no hay quien la pare.

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