Prohibir por ley el acceso de los menores a las redes sociales: ¿solución o una medida contraproducente?

La Asamblea Nacional francesa aprobó por vía de urgencia un proyecto de ley para prohibir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales y vetar el uso de móviles en los institutos, a la espera del respaldo del Senado, con la intención de aplicarlo el próximo curso escolar. De salir adelante, Francia sería el primer país europeo, mientras que otros. Australia ya lo hizo el pasado año, y otros países, como España, se plantean también restricciones.

Expertos gallegos coinciden en que la regulación legal es necesaria dado el impacto negativo que las redes tienen en la salud mental y el desarrollo de los menores. Sin embargo, sostienen que es insuficiente si no va acompañada de educación y acompañamiento adulto, y que familias y escuelas deben actuar de manera coordinada, poniendo límites y fomentando el uso crítico y responsable de la tecnología. Sostienen, además, que las medidas restrictivas pueden tener un efecto protector inicial, pero son fáciles de eludir.

La psicóloga Ana Belén Montesa Lou, vicepresidenta de la Sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia (COPG), considera que la prohibición en Francia «no debe entenderse como una medida represiva, sino como una acción de protección de los menores» y equipara esta regulación a otras ya existentes. «De la misma forma que se regula el consumo de bebidas energéticas o el consumo de drogas regularizadas como alcohol y tabaco, prohibiendo el acceso a menores de 18 años, me parece importante que desde el ámbito legislativo se establezcan leyes que protejan el desarrollo psicológico de los menores», sostiene.

«La iniciativa francesa no debe tomarse como represión, sino como protección» _

Ana belén Montesa

— Psicóloga

No obstante, advierte que la prohibición por sí sola no basta. «La verdadera solución consiste en reducir los daños: limitar las horas de uso y fomentar una educación digital adecuada», señala.

Añade que las redes sociales están diseñadas para explotar necesidades humanas básicas como el reconocimiento y la pertenencia, lo que puede generar dependencia, sobreestimulación, pérdida de intimidad y dificultades en la concentración, el aprendizaje y la gestión emocional. Además, asegura que el uso precoz y excesivo de pantallas está asociado a nuevas formas de angustia y soledad en adolescentes.

Montesa defiende un enfoque colectivo que implique a familias, escuelas y legisladores, con más diálogo intergeneracional, normas claras, ejemplo adulto y espacios de encuentro reales, para formar jóvenes críticos, éticos y emocionalmente protegidos en un mundo cada vez más digitalizado.

Para José Manuel Suárez Sandomingo, presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos e Pedagogas de Galicia (APEGA), prohibir no es la solución, sino educar. Sostiene que el aprendizaje social implica que, ante nuevas tecnologías como las redes sociales, jóvenes y adultos deben adaptarse guiados por las generaciones mayores. «La prohibición legal por sí misma o por sí sola no es eficaz. Ahora es el momento de que la sociedad se active y eduque frente a la irresponsabilidad que se había normalizado», opina.

«La prohibición legal por sí misma o por sí sola no es eficaz. Hay que educar»

José Manuel Suárez Sandomingo

— Pedagogo

El experto advierte de que la sobreexposición digital temprana genera una brecha cognitiva. «Fomenta un pensamiento rápido, fragmentado y reactivo, que debilita comprensión lectora, concentración, memoria de trabajo y pensamiento abstracto, afectando más a menores con menor capital cultural y repercutiendo en su rendimiento académico», expone. Asimismo, señala que el uso excesivo de redes causa estrés, agotamiento y erosión de la autoestima por la comparación constante con modelos irreales, dañando la seguridad personal.

Según el pedagogo, la escuela debe desempeñar un papel central mediante un uso pedagógico gradual y regulado de la tecnología y apuesta por un «código de convivencia digital», similar al código de circulación, que combine normas claras, educación, regulación y diálogo entre familias, escuelas y gobiernos. No se trata de «volver atrás», dice, sino de reordenar: recuperar herramientas analógicas esenciales para el desarrollo cognitivo y emocional, e integrar la tecnología de manera responsable, gradual y adaptada a la edad, garantizando así una protección real de los niños.

Víctor Salgado, abogado especialista en Derecho Digital, explica que aunque la ley australiana que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 eliminó millones de cuentas, la medida ha demostrado limitaciones prácticas. «Muchos menores han logrado eludirla mediante el uso de VPN (Red Privada Virtual), cuentas falsas o utilizando perfiles de familiares, lo que incluso puede aumentar los riesgos al no existir control parental. Una menor de 13 años tardó menos de cinco minutos en burlar la verificación de Snapchat usando la foto de su madre», expone.

El abogado subraya que las prohibiciones «son fáciles de eludir» y que su eficacia es limitada si no van acompañadas de educación digital y cooperación familiar. Por ello, considera que el enfoque europeo, basado en regulación, verificación de edad y educación, es más sólido que la simple prohibición, aunque insiste en que el problema es también cultural y educativo, no solo tecnológico o legal.

«La normativa francesa obligaría a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y prevé sanciones económicas significativas. Queda por definir qué mecanismos de identificación se emplearán», subraya.

«Hay intereses económicos detrás de que los niños usen las redes sociales» _

Alba Alonso

— Docente

La profesora Alba Alonso cuestiona si prohibir el uso de redes sociales es realmente una solución eficaz o simplemente la medida más fácil y populista. Señala que la prohibición tranquiliza a padres y docentes, pero no educa en responsabilidad digital y deja fuera la voz de los menores, a los que primero se les expone a las pantallas por comodidad del adulto y luego se les castiga retirándoselas.

Defiende que el problema es estructural, cultural y económico. «Siempre hay intereses económicos detrás. Hay muchas empresas que se benefician de que los niños y adolescentes usen las redes sociales. El capitalismo hace de nuevo su negocio y los niños son un nicho muy jugoso para el sistema», critica.

Desde su experiencia como docente, describe aulas con alumnado agotado, sobreestimulado y con grandes dificultades para mantener el foco frente a estímulos digitales diseñados para generar dopamina constante, consecuencias que avalan los estudios. En su opinión, la escuela es clave en la alfabetización digital y ética, pero sin coherencia familiar su labor pierde eficacia.

«La responsabilidad recae en los adultos, que deben poner límites, dar ejemplo y crear espacios sin pantallas», argumenta. Como complemento a la prohibición, propone limitar la publicidad por edades, filtrar contenidos, controlar descargas y evitar el acceso de menores mediante cuentas adultas.

«En Australia, muchos menores han eludido la ley creando cuentas falsas o usando la VPN»

Víctor Salgado

— Abogado especialista en Derecho Digital

España también busca mejorar la salud, seguridad y bienestar de los niños y adolescentes en Internet a través de la Ley Orgánica de Protección de Menores en Entornos Digitales, actualmente en tramitación parlamentaria. «Tiene un enfoque distinto a la ley australiana y al planteamiento francés. No establece una prohibición expresa, sino que eleva de 14 a 16 años la edad para que los menores puedan consentir por sí mismos la creación de cuentas en redes sociales sin el permiso parental», explica el abogado Víctor Salgado.

Esta norma se apoya en sistemas de verificación de edad más robustos, basados en la cartera digital europea prevista en el reglamento EIDAS2, que busca equilibrar eficacia y protección de la privacidad.

Además, la regulación española incluye controles parentales obligatorios y gratuitos, la prohibición de prácticas como las loot boxes para menores y reformas del Código Penal para perseguir delitos digitales como el grooming o los deepfakes. Las sanciones recaerían sobre las plataformas, no sobre las familias.

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