La Fiscalía archiva la denuncia de la asociación Amama por el supuesto "borrado" y "manipulación" de mamografías en Andalucía

La Fiscalía de Sevilla ha decretado el archivo de la investigación abierta a raíz de la denuncia realizada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) por la desaparición temporal de pruebas diagnósticas, entre ellas las mamografías, el pasado 22 de octubre, semanas después de que se difundiesen los fallos en el cribado de cáncer de mama que, según la Junta de Andalucía, afectaron a 2.317 mujeres.

Amama denunció entonces que se habían borrado del portal de acceso público los informes de mamografías y otras pruebas diagnósticas que se estaban recopilando para realizar la demanda contra la Junta por los fallos e incluso la asociación advirtió que se habían producido "manipulaciones" en algunos informes. La denuncia fue secundada también por la Asociación del Defensor del Paciente.

Sin embargo, la Fiscalía ha determinado, según el escrito adelanto por ABC y al que ha tenido acceso este periódico, que no se aprecian indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos o daños informáticos. Por lo que queda archivado el caso dado que se ratifica la versión del Servicio Andaluz de Salud que defendió desde el principio que el problema se originó por fallos informáticos.

Ni borrado ni manipulación

La Fiscalía realizó una investigación, a través de la unidad de policía judicial, en profundidad de todos los sistemas de almacenamiento y acceso público de las pruebas diagnósticas. Entre ellos, el Diraya, el programa de diagnóstico por imagen (PDI), el sistema PACS y el Clicksalud. Tras recibir los informes detallados del funcionamiento de cada uno de ellos, el expediente se centró en constatar si la caída o fallo del sistema informático del SAS pudo afectar a la integridad, disponibilidad o autenticidad de los datos clínicos almacenados en distintas plataformas y si se pudieron producir modificaciones en los expedientes.

En cuanto a la desaparición temporal de las pruebas, el análisis de la Fiscalía y de la Policía Judicial concluye que se pudo producir por un error informático pero que "tuvo un impacto exclusivamente operativo sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos". Es decir, tal y como defendía la Junta de Andalucía que, aunque durante horas o días no estuvieran accesibles nunca llegaron a desaparecer y estuvieron protegidos. Por este motivo, descarta que pudiera ser constitutivo de delito.

En cuanto a la denuncia de borrado de pruebas, el decreto de la Fiscalía es incluso más contundente: "Los datos clínicos que obran en las historias médicas son íntegros, auténticos y coincidentes y no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos".

"De todo ello se desprende que los historiales médicos de las pacientes examinadas se mantienen íntegros y coincidentes sin detectarse supresiones, manipulaciones, modificaciones no autorizadas, accesos indebidos o alteraciones de contenidos", concluye el decreto de la Fiscalía que ordena el archivo de la causa promovida por Amama.

La asociación tiene abierto además otro frente con la Junta de Andalucía en este caso por sus denuncias públicas en torno al número de personas afectadas por los fallos en el cribado que elevan por encima de los 4.000 frentre a las 2.317 que la Junta reconoce y que han sido ya revisadas en un procedimiento de urgencia que finalizó el pasado viernes.

La Consejería de Sanidad ha elevado un requerimiento a la entidad para que aporte toda la documentación de esos casos que asegura tener que no están contabilizados. De momento, Amama ha declinado aportar los datos a la Consejería.