«El edificio de la justicia española está sin terminar»

Tras décadas de plantar cara al crimen organizado, la corrupción y la impunidad —caso Oubiña, demandas contra Videla y Pinochet, denuncia de la «captura» del Estado guatemalteco por mafias y poderes económicos—, Carlos Castresana (Madrid, 1957), hoy fiscal del Tribunal de Cuentas, reúne 25 errores judiciales cometidos entre los siglos XVI y XXI en el libro «Bajo las togas» (Tusquets). Un elegante y comprensible mapa (moral) para moverse en los resbaladizos dominios del derecho.

¿Hora de tirar piedras contra su tejado?

Es más dar un consejo de amigo a los profesionales de la justicia. Deberíamos ser más humildes, darnos cuenta de que disponemos de la vida y de la hacienda de la gente. A los encausados les pondría un cartel que dijera: «Frágil, manéjese con cuidado».

No parecen buenos tiempos.

El edificio de la Justicia española está sin terminar. Debía de haber sufrido una transformación más profunda en la Transición. Aún estamos pagando las consecuencias de resortes autoritarios, falta de transparencia y alergia a la crítica de las resoluciones judiciales. Sería necesaria una crítica más libre.

Con la politización de la justicia, es casi una imprudencia.

La polarización ya estaba en la sociedad y ahora el campo de juego se ha trasladado al poder judicial. Pero las insuficiencias de la justicia estaban presentes desde antes.

Usted denuncia las «desviaciones de los jueces activistas». ¿Qué quiere decir?

Los jueces son intérpretes de la Constitución y guardianes del ordenamiento jurídico y de la coexistencia pacífica. Cuando el juez abandona la función de árbitro y se convierte en un jugador, deja de ser juez.

¿No ocurrió antes?

¿Ha visto a muchos árbitros tirando a puerta? La presión política que ha recaído sobre los tribunales —sobre todo, del ‘procés’ para acá— ha hecho que salgan delanteros centro insospechados que no hacen su tarea. La tarea exige honestidad y dedicación, y a veces no está ocurriendo.

¿Qué opina del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz?

No debo pronunciarme. Hay que dejar que se dicte la sentencia y ver cómo se explica aquello que se decida. Sin embargo, en el libro encontrará casos de prueba indiciaria...

Alguna pista más, señor fiscal.

Los jueces a veces aciertan y hacen bien la síntesis, y a veces no porque, en su afán de condenar, se olvidan de lo exculpatorio.

No se significa en casos políticos, ¿eh?

No en casos ‘sub judice’. Sí puedo señalar que hay políticos indebidamente protegidos y políticos indebidamente perseguidos.

Los españoles no creen que la justicia sea igual para políticos y ciudadanos.

La desigualdad está en la sociedad, pero no debería traspasar la puerta de los tribunales. Y las traspasa demasiadas veces. En el caso de los políticos, lo primero que habría que revisar son los aforamientos. Solo lo deberían tener las más altas instancias del Estado, y referidos solamente a los hechos relativos al ejercicio de sus funciones, no a su vida privada y a sus negocios.

Luego están las presiones. ¿Lasvivió?

Cuando tomas posesión como fiscal, prometes guardar y hacer guardar la Constitución. Si no puedes cumplir la promesa, tienes que dejarlo. Pero sí, la presión, la influencia, las recomendaciones o las ofertas de soborno son condicionantes que te pueden alejar de esa obligación.

¿Le intentaron untar alguna vez?

Alguna vez, sí. Y ha habido causas que, por amenazas o campañas mediáticas, he estado tentado de tirar la toalla. Una vez me lo preguntaron en Guatemala, y respondí: «A estos trabajos se viene sin toalla».

¿La lucha contra la impunidad en Guatemala ha sido su Tourmalet?

Diría que sí. Entre 2007 y 2010, Guatemala era el país más violento del mundo: 17 asesinados al día. Dormía en la oficina. Pero redujimos las muertes a la mitad.

¿Llevaría al banquillo a Putin? ¿A Netanyahu?

Sin duda. Los indicios son abrumadores. Los de Netanyahu son notorios, si no más, que los de Putin. Antes o después, deberían tener que responder ante la justicia.