Casas ilegales de 22 metros cuadrados se ofrecen en Mallorca por 1.600 euros al mes

"Las casitas de pescadores de s’Estalella gozan de una ubicación excepcional y única en el sureste de Mallorca. Ofrecemos estancias de larga duración en este enclave de gran interés antropológico y paisajístico delante del mar, excelente para que artistas, viajeros o escritores conecten con el entorno y dejen volar su creatividad. Las casitas son ideales para que artistas y escritores pasen una temporada o para teletrabajar. Nuestras casitas más pequeñas son perfectas para parejas. Constan de un solo espacio con una cama doble y un altillo para dormir, una cocina abierta y un baño. Las casas cuentan con terrazas privadas que ofrecen una de las mejores vistas al mar de toda la isla. El precio incluye electricidad, agua, gas, wifi y leña para la estufa".

Este anuncio aparece en una popular web inmobiliaria ofreciendo una propiedad en Llucmajor por 1.600 euros mensuales. La sorpresa se produce cuando al comprobar las dimensiones de esta residencia, se observa que son 22 metros cuadrados, algo que según destaca el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, José Miguel Artieda, vulnera la legislación de las islas, que considera que todo inmueble de menos de 25 metros cuadrados es una infravivienda y no alcanza los niveles de dignidad necesarios. Añade que este tipo de irregularidades aparecen también en la comercialización de inmuebles en suelo rústico que no están legalizados o de locales comerciales reformados.

Desde la propia asociación balear de promotores inmobiliarios se recuerda que para los pisos de nueva edificación el tamaño mínimo que se exige son 30 metros cuadrados, poniendo el límite en los 25 en los ya existentes, pudiendo bajar a los 24 si son dotacionales, es decir, destinados a colectivos muy concretos, según recuerda su vicepresidenta, Alejandra Marqués. En opinión de esta patronal, una residencia que ofrezca un mínimo de confort no debería de bajar de los 30 o 35 metros.

Otros casos

El ejemplo antes puesto no es el único, y se ofrece también un "precioso estudio amueblado" situado en Calas de Mallorca por 1.000 euros mensuales, pero de nuevo de solo 22 metros cuadrados, o un sótano exterior de Artà, que se anuncia como un "acogedor estudio", de 22 metros cuadrados, con un precio de 600 euros mensuales.

Si ponemos la lupa en el mercado de compraventa, las ofertas de pisos de menos de 25 metros cuadrados también hacen acto de presencia. Resulta muy llamativa una de un "ático moderno que se encuentra en una de las zonas más codiciadas y combina un diseño elegante con el máximo confort. La amplia terraza privada en la azotea, con piscina propia, ofrece total privacidad y unas vistas impresionantes. La propiedad destaca por sus acabados exclusivos y su ubicación tranquila pero céntrica", en referencia al Port de Pollença. Pero lo más sorprendente es que el anuncio especifica que sus dimensiones son de 10 metros cuadrados construidos, "sin habitación" y "sin baño", y el precio que consta es de 2,2 millones de euros, lo que hace pensar que se trata de un error o una broma de mal gusto aunque la web en la que aparece es muy conocida y esos mismos datos se encuentran en la de la inmobiliaria que la comercializa.

Son numerosas las fincas rústicas que se oferta con ‘casetas’ de una habitación y dimensiones inferiores a los 20 metros cuadrados, y la lista incluye de nuevo «estudios» de menos de 25 metros cuadrados, como uno en Cala Major por 140.000 euros, al igual que otro en esa misma zona por 159.000, o un piso en Can Picafort de 24 metros cuadrados por 35.000.

José Miguel Artieda considera que la responsabilidad no es de las páginas web en las que se publican estos anuncios, dado que no pueden conocer el tamaño mínimo legal que se establece en cada comunidad autónoma, sino de la falta de regulación existente en esta materia, pese a subrayar que la comercialización de infraviviendas puede ser sancionada.

Desde la conselleria de Vivienda se afirma que está actuando frente a las infraviviendas, ya sea cuando conoce la publicidad de las mismas en portales inmobiliarias o a partir de denuncias de terceros. Sus servicios de inspección están aumentando el número de expedientes de sanción sobre esta materia, según se señala. El número de sanciones impuestas durante el pasado año fue de 46 (por un valor global de 373.217 euros), mientras que en 2023 habían sido 26, y en el 2022 se limitaron a 15. 

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