Encuesta internacional

El 90% de españoles apoyan crear una tasa para que las petroleras paguen por los desastres climáticos

Un sondeo de Greenpeace y Oxfam a más de 15.000 personas en 13 países revela que existe un "amplio consenso social" para que empresas contaminantes paguen por los daños de tormentas, inundaciones y sequías

Varias personas limpian los estragos ocasionados por la DANA, a 1 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El sexto balance de fallecidos por el paso de la DANA por la provincia de Valencia deja 202 víctimas mortales. De

Varias personas limpian los estragos ocasionados por la DANA, a 1 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El sexto balance de fallecidos por el paso de la DANA por la provincia de Valencia deja 202 víctimas mortales. De / Rober Solsona - Europa Press

Valentina Raffio

Barcelona

Nueve de cada diez personas en España creen que las empresas de combustibles fósiles —cuyas emisiones están alimentando el avance de la crisis climática— deberían pagar por los daños causados por el cambio climático en todo el mundo. Y no solo por la contaminación puntual que puedan causar sino que, según recoge una encuesta internacional impulsada por Greenpeace y Oxfam, el 90% de los españoles opina que las petroleras también deberían pagar por los daños derivados de incendios, inundaciones y sequías. El estudio coloca a la ciudadanía española entre las más favorables del mundo a la idea de que los grandes contaminadores deben "asumir responsabilidades económicas" por su impacto ambiental.

El sondeo, realizado por la consultora Dynata entre mayo y junio de 2025, interpeló a más de 15.000 personas en 13 países de cinco continentes. En el caso de España se consultaron un total de 1.200 personas de distintas edades, estatus socioeconómico y color político. Los resultados apuntan a que, por ejemplo, la mayoría de españoles considera que las empresas más contaminantes son las que deberían hacerse cargo de los desastres ambientales ocasionados por su actividad. Un 70% también afirma que estos impuestos deberían hacerse extensivos a los "superricos", las grandes fortunas y, en general, a las personas con una elevada huella de carbono como aquellos que viajan con frecuencia en jet privado.

"Es de justicia que quien causa la crisis climática pague por sus daños, no quien los sufre"

Mads Christensen

— Greenpeace Internacional

"El mensaje es claro, y es que la gente está harta de que las petroleras contaminen sin consecuencias", señala Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional. "Los ciudadanos entienden que las grandes petroleras son las culpables del auge de fenómenos extremos como las tormentas y las inundaciones de Valencia, así como de las sequías y los incendios que están destruyendo vidas. Y lo que la gente quiere es que quienes provocan estos desastres paguen por ello", añade el especialista tras la presentación de este informe, en el que se reclama que recaudar "miles de millones de euros" de los beneficios de estas grandes empresas para "proteger a la población" frente a los desastres naturales e "invertir en soluciones climáticas reales". "Es de justicia que quien causa la crisis climática pague por sus daños, no quién los sufre", recalca Christensen.

La encuesta, además de España, se ha centrado en recoger las opiniones de cientos de ciudadanos de Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Kenia, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Y según muestran los datos, en todos existe un respaldo mayoritario a la creación de un impuesto a las petroleras para pagar por los daños climáticos en auge.

"Lo que estamos viendo es una demanda social muy clara de justicia climática. Dinero hay, lo que hace falta es voluntad política", destaca Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España. Según explica el portavoz de esta entidad, un ejemplo de aplicación esta medida podría ser el despliegue del impuesto a los beneficios extraordinarios que, solo entre 2022 y 2023, logró recaudó 26.000 millones de euros y que, posteriormente, en países como España fue eliminado "por la presión de las energéticas".

"Lo que estamos viendo es una demanda social muy clara de justicia climática. Dinero hay, lo que hace falta es voluntad política"

Pedro Zorrilla

— Greenpeace España

La otra cara de este debate es, según recoge la encuesta, el descontento ciudadano con la gestión política de este tipo de cuestiones. El estudio indica que un 67% de los españoles considera que las empresas más contaminantes y los multimillonarios ejercen una influencia negativa sobre las decisiones públicas. Y un 72% cree que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para frenar este poder de estos lobis. Según afirman Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, "los gobiernos deben escuchar a su gente y responsabilizar a los contaminadores por los daños que provocan". "Un nuevo impuesto a las industrias contaminantes, cuyo afán de lucro está destruyendo la vida de millones de personas, podría proporcionar apoyo inmediato a los países vulnerables al clima e impulsar la inversión en energías renovables y una transición justa", defiende el especialista en derechos humanos.

"Un nuevo impuesto a las industrias contaminantes podría proporcionar apoyo inmediato a los países vulnerables al clima e impulsar la inversión en energías renovables"

Amitabh Behar

— Oxfam Internacional

Los resultados de este trabajo salen a la luz justo durante la cumbre de Bonn, un encuentro internacional celebrado esta semana en Alemania para movilizar los miles de millones necesarios para la acción climática global. En el marco de este evento, celebrado a tan solo unos meses de la cumbre del clima de Brasil (COP30), Greenpeace y Oxfam han anunciado el despegue de la campaña internacional 'Polluters Pay Pact' para reclamar que las grandes empresas fósiles asuman la responsabilidad de sus emisiones mediante nuevos impuestos y sanciones. El pacto, anunciado este jueves, ya cuenta con el apoyo de más de 60 organizaciones, así como de colectivos afectados por desastres climáticos, bomberos, sindicatos, alcaldes y demandantes en casos judiciales de justicia climática en todo el mundo. 

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