CCOO se opone a que los jefes de servicio del SES puedan ejercer también en la privada

CCOO se opone a que los 220 jefes del Servicio Extremeño de Salud (SES) puedan compatibilizar su actividad con la sanidad privada, al entender que se trata de una medida "oportunista y muy cuestionable" tras 19 años de vigencia. El sindicato acusa a la Junta de Extremadura de "querer influir" en las negociaciones que se están llevando a cabo a nivel estatal con el Ministerio de Sanidad para la modificación del Estatuto Marco, que prohibiría expresamente que los jefes de servicio y de sección de los hospitales trabajen en el ámbito privado "por un evidente conflicto de intereses".

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, anunció el pasado miércoles tras la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad que la Junta modificará el decreto 152/2006 para eliminar esta prohibición que solo mantienen Extremadura y Navarra. El texto obliga a estos profesionales, 86 jefes de servicio y 134 jefes de sección, a mantener la dedicación exclusiva y ejercer su labor únicamente en el sistema público para evitar conflictos de intereses.

220 jefaturas

Todas las personas que ocupen estos puestos a partir de la aprobación del decreto (el trámite durará aún algunos meses) podrán ejercer en la privada "si así lo consideran", tras la renuncia al complemento específico vinculado a la dedicación exclusiva. "Abogamos por la libertad profesional", justificó Sara García Espada, que considera que la medida puede también ayudar a retener médicos en Extremadura.

En un comunicado, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura considera que la reforma que ahora plantea la Junta "es oportunista y muy cuestionable, después de 19 años de vigencia de la norma". El Grupo Parlamentario Vox registró el pasado 7 de mayo una propuesta en la Asamblea de Extremadura en el mismo sentido.

Nombramientos voluntarios

CCOO recuerda que los nombramientos de los jefes de servicio y sección son "de carácter voluntario y remunerado" y que la Consejería de Salud "debe defender el servicio público y la dedicación de los profesionales a este servicio".

Por todo ello, considera que la propuesta es "una intromisión en unas negociaciones sindicales con intereses políticos que utiliza malintencionadamente argumentos como una pretendida libertad profesional sin tener en cuenta el conflicto de intereses ni el bien general".