Resumen 2024
Galicia gana la batalla y asume el control del litoral
Podrá otorgar y denegar concesiones en la costa
Vista de la ría de Pontevedra. / Noé Parga
La Xunta asumirá en 2025 las competencias sobre la gestión del litoral. Lo hace después de una dura batalla con el Gobierno central que se oponía a esta transferencia si Galicia no reformaba su Estatuto de Autonomía. El conflicto institucional llegó al Tribunal Constitucional que dio la razón al Ejecutivo gallego y tras las negociaciones entre ambas administraciones se ha cerrado el traspaso que se hará efectivo el próximo año.
Esto permitirá a la Xunta asumir el control absoluto sobre toda la actividad y los usos en el litoral, de manera que tendrá potestad para otorgar, renovar o denegar las concesiones para ocupar dominio público marítimo terrestre. Se trata de una competencia clave para Galicia pues así tendrá plenos poderes para conceder los títulos destinados a piscifactorías, papeleras, astilleros, conserveras o cualquier otra actividad asentada junto al mar, actividades de gran relevancia económica para la comunidad autónoma.
En todo caso, el camino para alcanzar esta competencia fue largo. Pese a la negativa del Gobierno a transferir a Galicia la gestión del litoral, alegando que para ello debería reformar previamente su Estatuto de Autonomía, la Xunta aprobó igualmente una ley para asumir esta competencia. Pero la norma fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional. En abril de este año la justicia avaló la norma gallega, de manera que a la Moncloa no le quedó más remedio que aceptar el traspaso.
Aún así, cuando la Administración central se sentó a negociar con la Xunta intentó reservarse el derecho de veto sobre las concesiones que pudiera otorgar el Ejecutivo autonómico pues planteaba que el Estado tuviera que emitir un informe preceptivo y vinculante sobre esas resoluciones. Esta propuesta se encontró con la negativa rotunda por parte del Gobierno de Alfonso Rueda y finalmente Moncloa cedió.
Ahora solo queda concretar el trasvase de medios personales y materiales a la comunidad autónoma para poder ejercer esta competencia.
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