La deliberación del jurado del caso Samuel: aislado y con 72 horas de plazo

Una vez concluido el juicio del caso Samuel, es el turno de la deliberación. Los nueve miembros del jurado popular –un suplente tuvo que cubrir hace unos días a uno de los titulares que no ha podido seguir en el proceso– recibirán este lunes, a partir de las 12.00 horas, el objeto del veredicto. Entonces empezará un nuevo periodo: estarán aislados y custodiados para deliberar sobre los hechos y la implicación de los cinco acusados. Diego Montaña, Alejandro Freire Yumba, Kaio Amaral, Alejandro Míguez y Catherine Silva se enfrentan a penas de 22 a 27 años de prisión por un delito de asesinato, aunque para los dos últimos fiscalía y acusaciones propusieron como alternativa una condena como cómplices.

El jurado popular tendrá un plazo de 72 horas para presentar su veredicto, pero serán 72 horas efectivas, es decir, solo cuenta el tiempo que estén deliberando. Podrán hacer descansos, aunque en todo momento estarán aislados y custodiados para evitar que hablen sobre el caso con otras personas, ya que la deliberación es secreta.

En el objeto del veredicto, la magistrada narrará «en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el jurado deberá declarar probados o no», según recoge la Ley del Jurado.

La votación será nominal, en alta voz y por orden alfabético, votando en último lugar el portavoz. Ninguno podrá abstenerse de votar. Así, los miembros del jurado irán votando si estiman probados o no los hechos, para lo que necesitarán siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios a los acusados, y cinco votos, cuando fuesen favorables. Si se obtiene la mayoría necesaria sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad o la inculpabilidad de cada procesado por cada hecho delictivo imputado: son necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y cinco votos para declararlos no culpables.

El proceso no acaba aquí, pues la magistrada-presidenta del jurado puede devolver el acta si cree que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos o si aprecia que hay pronunciamientos contradictorios, entre otras cosas.

Cuando ya tengan el veredicto y este sea leído, el jurado cesará de sus funciones. Si se prueba la culpabilidad de los acusados, estos ingresarán inmediatamente en prisión. En el caso de Samuel Luiz, hay tres procesados que ya están en la cárcel desde hace tres años: Diego Montaña, Alejandro Freire y Kaio Amaral. Catherine Silva y Alejandro Míguez están en libertad con medidas cautelares.

Durante más de un mes, los nueve miembros del jurado –y los dos suplentes– han escuchado a unos 30 testigos presenciales que han detallado lo que ocurrió en la madrugada del 3 de julio de 2021. Han prestado atención también a la versión de los hechos expuesta por los cinco acusados. En la Audiencia Provincial de A Coruña han comparecido policías que investigaron el caso, forenses, el padre de Samuel Luiz –la madre rechazó su participación– y los dos menores que ya fueron condenados por un delito de asesinato.

De la libre absolución a una pena máxima de 27 años de cárcel

En los próximos días se conocerá el veredicto del jurado popular sobre los cinco acusados por la muerte de Samuel Luiz. Al inicio del juicio, la Fiscalía y las acusaciones pedían entre 22 y 27 años de cárcel para los procesados por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. En el caso de Catherine Silva y Diego Montaña —para ambos 25 años— se añadía la agravante de discriminación por condición sexual, por supuestamente llamar «maricón de mierda» a la víctima durante y después de la paliza mortal. Para Kaio Amaral se propone la máxima pena, de 27 años, porque se le atribuye también un delito de robo con violencia, pues se llevó el móvil de la víctima.

Una vez concluido el juicio, el Ministerio Público, la abogada de la familia de Samuel y el letrado de ALAS A Coruña han mantenido su solicitud de condenas, pero han incluido una calificación subsidiaria para Catherine Silva y Alejandro Míguez, a quienes señalan, como alternativa, como cómplices del delito de asesinato. En este caso, la petición de pena para Silva sería de 14 años y seis meses de cárcel y de 13 años para Míguez.

No obstante, los abogados de ambos piden la libre absolución, aunque el de Alejandro Míguez propone, subsidiariamente, un delito de lesiones solo al principio de los hechos.

El letrado de Kaio Amaral niega el delito de asesinato y solo aceptaría un delito de apropiación indebida impropia con una multa y una indemnización para los padres de la víctima de 859 euros, el valor del teléfono.

El abogado de Diego Montaña planteó que los hechos sean considerados «homicidio por imprudencia grave y delito de lesiones». Por ello solicita tres años de cárcel o, como alternativa, una pena de diez años por un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad. La defensa de Yumba propuso un delito de lesiones o, subsidiariamente, de homicidio imprudente u homicidio. Ambos incluyen la atenuante por consumo de alcohol y drogas.