La lucha para que el “lavado de cerebro” de las sectas sea delito: entregan 300.000 firmas en el Congreso

Lo que llamamos coloquialmente “lavado de cerebro” tiene un nombre más técnico, persuasión coercitiva, y su tipificación como delito es la causa por la que llevan años peleando quienes ayudan a las víctimas de las sectas. Ayer, estos colectivos, encabezados por la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE), entregaron en el Congreso de los Diputados 300.000 firmas recogidas en diversas campañas para que los legisladores incluyan en el Código Penal español esta forma de presión que ejercen las sectas sobre sus adeptos.

La persuasión coercitiva consiste en presionar de una manera sutil a una persona a hacer algo, para que –ante un juzgado, por ejemplo– parezca una decisión libre y autónoma de dicho individuo. Según apuntó a RTVE Juantxo Domínguez, presidente de RedUNE, en Europa, Francia, Bélgica, Luxemburgo, y Reino Unido ya han incluido en su legislación la persuasión coercitiva y el abuso de debilidad.

El abogado especializado en sectas Carlos Bardavío Antón, que encabezó junto a Domínguez el acto de entrega de las 300.000 firmas, fue el primer letrado que ganó en España una condena por secta coercitiva, que empleaba la alteración y el control de la personalidad de sus adeptos. Fue el caso del llamado “Lama Losel” (2018), Carlos Herranz Ortega, que afirmaba ser el “hermano de Jesús” y empleaba “lefazos místicos”. Este falso gurú captaba a sus adeptos a través de la promoción de pseudoterapias,como los cuencos tibetanos. Se aplicó el artículo 515.2 del Código Penal, sobre asociaciones ilícitas.

Bardavío logró también que, en diciembre del pasado año, un juzgado de Torrejón de Ardoz sentenciara que los Testigos de Jehová puedan ser calificados de “secta destructiva”, al ejercer un “control excesivo sobre sus miembros” y ordenar el aislamiento social, por parte de sus propias familias, de los miembros expulsados. La sentencia fue recurrida.

Otra de las personas que más ha trabajado en España sobre la persuasión coercitiva es el psicólogo de origen gallego Álvaro Rodríguez Carballeira, catedrático de Psicología Social y Jurídica en la Universidad de Barcelona. La define como “el acto deliberado de una persona o grupo de influir en las actitudes o conductos de otros, apoyándose en el uso de algún tipo de fuerza, con el objeto de alcanzar un fin preestablecido”. Carballeira, que ya hace 30 años le dedicó un libro a este concepto, precisa que la fuerza o coerción es, en este caso, sinónimo de “presión” y puede ser ejercida tanto de forma física como psíquica o social. La coerción psíquica, según este experto, puede incluir amenazas, inducción de miedo, presión moral, castigos y humillaciones; mientras que la coerción social se vale de presiones grupales, colectivas o institucionales, todas ellas más sutiles y difíciles de comprobar y demostrar.

La entrega de firmas de ayer “es un hito importante en la historia reciente de España en relación con el fenómeno sectario –apunta a FARO Luis Santamaría del Río, experto en sectas–. El caso de Patricia Aguilar supuso un aldabonazo en la conciencia de mucha gente: una adolescente española había sido captada desde Perú por un gurú a través de internet. Su caso mostró que ninguna familia ni persona puede sentirse totalmente inmune a las sectas, que campan a sus anchas en el mundo físico y en el mundo virtual”. Santamaría recuerda que el líder sectario que captó a Patricia está en prisión por el delito de trata de personas.

Fue precisamente la familia de Patricia Aguilar, añade Santamaría, la que inició la recogida de firmas, que se ha unido a la campaña organizada por RedUNE, hasta alcanzar las 300.000. “Pueden parecer muchas, y lo son, ciertamente –admite–. Pero no olvidemos que calculamos que más de 400.000 personas pertenecen a sectas en España. Y legal y judicialmente es muy complicado, en la mayoría de los casos, demostrar que una persona víctima de una secta no gozaba de plena libertad a la hora de ‘dejarse hacer’ ciertas cosas. La persuasión coercitiva es una realidad, pero lo complicado es demostrarlo ante un tribunal”, subraya.

Camino “muy difícil”

El experto en sectas y teólogo insiste en que no será fácil: “Veo muy difícil este camino de legislación específica. Nunca será una prioridad para los políticos, y lo delicado del tema, donde confluyen distintas libertades y derechos, hará que se retrase infinitamente.

Por otro lado, una ley así tendría siempre el riesgo de poder utilizarse mal y aplicarse a realidades que no ejerzan esa manipulación”, matiza. Con todo, reclama dos aspectos urgentes: “la atención a las víctimas y familias afectadas, que se encuentran totalmente desamparadas y que merecen una atención y ayuda profesional por parte de las administraciones públicas”, así como “la formación de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo específico de las sectas”.

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