Un tercio de los gallegos que piden la eutanasia fallecen mientras tramitan la solicitud

Casi un tercio de las personas que solicitaron la eutanasia en Galicia fallecieron durante la tramitación de la ayuda a morir, más concretamente, un 35,1%, según la “Memoria de actividad y evaluación del año 2023” de la prestación de ayuda para morir en Galicia publicada en el portal del Sergas, un porcentaje similar a la media nacional (30%) dado a conocer ayer en Madrid por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

El número de solicitudes de prestaciones de ayuda para morir en Galicia desde la entrada en vigor de esta norma (25 de junio de 2021) hasta el año 2023 (inclusive) fueron 75 –10 en 2021, 28 en 2022 y 37 en 2023– y se realizaron 27 –2 en 2021, 8 en 2022 y 17 en 2023–. Según datos facilitados ayer por la Consellería de Sanidade a este periódico, el número de solicitudes hasta el pasado 19 de junio ascienden a 93 y las realizadas a 33. Estas cifras constatan una tendencia creciente en la evolución de solicitudes en la comunidad, que sólo de 2022 a 2023 supone un incremento del 32,1%.

En el resto del Estado, esta tendencia ascendente es similar. Así, en 2023 se presentaron en España unas 750 solicitudes, un 30% más que el año anterior, y 350 personas lograron ejercer su derecho a una muerte digna, según informó el vicepresidente de DMD, Fernando Marín.

Por áreas sanitarias, la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos y la de Vigo fueron las dos que presentaron un mayor número de solicitudes: ocho en cada una de ellas. En segundo lugar, se sitúa el área sanitaria de Ourense, Verín y o Barco de Valdeorras con seis peticiones.

Asimismo, el número de revocaciones solicitadas en 2023 fue de 8, los aplazamientos tramitados fueron seis referidos a cuatro aplazamientos (en dos procesos se tramitó un segundo aplazamiento). El número de personas que fallecieron durante el transcurso del procedimiento fueron 13 –8 hombres y 9 mujeres, con una media de edad de 62,2 años–, lo que representa un 35,1% de las solicitudes presentadas. Las patologías más frecuentes de estos pacientes fueron neurológicas (64,7%) y oncológicas (23,5%).

Tiempo de tramitación

La media de días transcurridos entre la presentación de la primera solicitud y el deceso fue de 30,8 días, según la memoria de la consellería, un periodo inferior a la duración media de la tramitación de solicitudes, que se sitúa entre los 35 y los 45 días. Desde el Sergas se explica que este mismo acontecimiento “ocurre en el resto de comunidades autónomas, tal y como figura en el informe de evaluación anual sobre prestación de ayuda a morir, que sitúa la media estatal de fallecimientos acontecidos antes de obtener esta prestación en 26,7 días”.

Por otra parte, DMD cifró ayer en 75 días el tiempo en que se tarda, de media, en resolver estos casos en España, cuando la ley establece como máximo 35, denunció la inequidad entre comunidades y el “maltrato institucional” que reciben algunos solicitantes de la prestación de ayuda para morir, que supone “un sufrimiento añadido”, dijo Marín, para ellos y sus familias.

"Aunque no son en absoluto una norma, estos casos son muy significativos porque todos pasaron por el trámite de evaluación de la comisión de garantía y delatan las limitaciones y en ocasiones los excesos de estas comisiones. En algunos casos describieron el trato recibido como cruel", afirmó Marín.

Propuestas de DMD

Con el propósito de mejorar la aplicación de la norma y garantizar el derecho a la eutanasia en todo el territorio español, DMD trasladó al Ministerio de Sanidad dieciocho propuestas para que se incluyan en el "Manual de buenas prácticas de eutanasia". Entre ellas, que el ministerio proponga un modelo de informe para todas las comunidades autonómas y una fecha de publicación; que impulse una comisión estatal de eutanasia y recomiende que los miembros de las comisiones de garantía y evaluación no sean objetores de conciencia, ya que esta condición entorpece el proceso.

"Estas comisiones deberían ser órganos administrativos que verifican el cumplimiento de lo que marca la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones se está comportando como un tercer evaluador, poniendo en cuestión e incluso contradiciendo las conclusiones de los clínicos que intervinieron en el proceso deliberativo de cada caso", explicó Loren Arseguet, coordinadora internacional de DMD.

Suscríbete para seguir leyendo