“El gas radón supone un riesgo para la salud”, advierte uno de sus principales investigadores en España, el catedrático gallego de la Universidade de Santiago (USC) Alberto Ruano. Junto a la investigadora predoctoral Lucía Martín, comenzarán en breve un proyecto de ciencia ciudadana que busca ir al ataque de este gas radiactivo, una de las principales causas de los cánceres de pulmón en Galicia. Para ello, el Consello Social de la USC les ha facilitado 10.000 euros.
Explica el investigador que “pretendemos guiar a un grupo de ciudadanos que estén en una situación real de alta concentración de radón en sus hogares para localizar empresas que puedan ayudarles a reducir esa concentración”.
Subraya que buena parte de las personas afectadas no saben cómo actuar para rabajar esa densidad de radón en sus casas. Con el proyecto, las familias afectadas seleccionadas decidirán qué aspectos valoran más a la hora de elegir la firma que actúe en su vivienda teniendo en cuenta el coste, rapidez de servicio y transparencia en las intervenciones.
Una vez rematadas las obras y calibrado el resultado, realizarán un manual para el público en general “elaborado por personas en su misma situación para orientar a otras cómo actuar en cada momento”, añade el epidemiólogo.
Ruano indica que “alrededor de un 20% de las viviendas (en la Comunidad gallega) supera los límites legales de concentración de este gas.
Respecto a la selección de viviendas para este proyecto, en un principio, los investigadores preferirían que se encontrasen en Santiago de Compostela ya que es allí donde se ubica el Laboratorio de Radón de Galicia donde trabajan Martín y Ruano, entre otros expertos. No obstante, este último aclaró que “no tenemos problema en que sea extrapolable a cualquier otra vivienda en Galicia y España. Serán personas que nuestro laboratorio acreditado les haya medido el radón en su casa y que hayan tenido concentración superior a 300 Bq por metro cúbico.
Podrán ser cinco o seis viviendas que midieron radón por ser voluntarios en nuestros estudios o porque haya demandado una medición comercial de radón en su casa pagando. Una vez detectamos estas personas les haremos una oferta para participar en el proyecto. La idea es que ninguno pague absolutamente nada por la reducción de radón en el domicilio. Después comprobaremos que haya sido efectivo”, es decir, que se disminuyó de forma considerable el gas en la vivienda.
El Laboratorio de Radón de Galicia –www.radon.gal– es sin ánimo de lucro; se integra en la Universidade de Santiago y está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para medir radón. “Damos concentraciones válidas legalmente. Podríamos medir en otros países por este reconocimiento. Fuimos el segundo laboratorio con esta acreditación de ENAC en toda España para la medición de radón. Está legislado que hoy por hoy cualquier casa nueva debe estar construida a prueba de radón y debe tener una comprobación por parte de un laboratorio acreditado”, explica Ruano.
El profesor recuerda que “Vigo es el municipio de España con más mediciones de radón, más de 600 viviendas. Tenemos los mapas de presencia del radón en Galicia. Dentro de un mes lo vamos a ampliar para pasar de las 4.330 mediciones actuales a 6.080 mediciones en la Comunidad gallega. Para hacerse una idea, España tiene 12.000 para todo el territorio estatal. Aquí estamos a mucha diferencia, esto es fruto de muchísimo trabajo”.
Actualmente, en Galicia existen diferentes firmas dedicadas a la medición de radón y a realizar trabajos en viviendas para reducir su presencia. El epidemiólogo e investigador de la USC Alberto Ruano señala al respecto que “es como un río muy revuelto con empresas que se dedican a esto con una disparidad de intervenciones y costes”. A su juicio, “hace falta una clara intervención de la administración pública para ordenar esto. En muchos otros países hay una acreditación de compañías.
No puede ocurrir que para una misma situación pueda haber en ocasiones presupuestos del orden de 10 veces de diferencia en cuanto al coste. Esto es un problema”. Otra cuestión que observa es cuando “una empresa va a medir y después tiene que hacer los trabajos, se crea un conflicto de intereses para remediarlo. Medir el radón es barato pero remediarlo si la concentración es elevada no es tan barato. Lo lógico es que haya una separación entre el laboratorio que haga la medición y las empresas que hagan las actuaciones en las casas”.