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La recuperación de la reserva de agua en la cabecera del Tajo obliga al Gobierno a volver al trasvase máximo mensual

Los embalses de Entrepeñas y Buendía alcanzarán el nivel 2 en febrero, con lo cual corresponderá el envío de 27 hm3

Infraestructura del trasvase Tajo-Segura entre Murcia y Orihuela.

Infraestructura del trasvase Tajo-Segura entre Murcia y Orihuela. / Tony Sevilla

F. J. Benito

La naturaleza vuelve a aliarse con el trasvase. Las lluvias de la últimas semanas, y en esta llega un nuevo temporal, han posibilitado que los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenen casi 650 hm³ (648 Hm3 este lunes), de agua. ¿Qué implica?. Una reserva que permite trasvasar hasta 20 hm³ este mes de enero, y que hará que el próximo 1 de febrero el trasvase entrará en nivel 2, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica deberá enviar, por lo tanto, 27 hm3, el trasvase máximo mensual, según las reglas de explotación ya modificadas. En febrero, el nivel 2 se establece al tener un mínimo de 597 hm3 embalsados en la cabecera. Como faltan 30 hm3 de enviar del año pasado, y pueden enviarse 20 hm3 a cuenta de este mes de enero, en febrero regantes y Taibilla tendrán pendientes de recibir 50 hm3, según la reglas de explotación en vigor. Es decir, naturaleza y legislación juegan a favor de los regantes en la batalla del agua con el Gobierno.

La noticia llega en una semana que puede ser clave para tratar de paliar el impacto de la subida del caudal ecológico del Tajo de los 6 m³/segundo actuales a los 8,65 m³/segundo a partir de 2026 con un periodo "puente" de 7 m³/segundo desde este mismo año – falta la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros- hasta de diciembre y hasta 2025. Clave porque está previsto que el jueves el Consejo de Estado revise el plan del Tajo ya con las alegaciones del Consell en el que la Abogacía de la Generalitat ha pedido un informe desfavorable al haberse modificado la disposición adicional que posibilitaba revisar a la baja el caudal en tres años si se reduce la contaminación en el río.

Si el Consejo de Estado avala el plan y desoye a Ximo Puig, el futuro del trasvase para la agricultura será negro, ya que también está complicada, incluso, la subvención al agua desalada. El compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica choca con la Directiva 2000/60/CE de la Unión Europea que obliga a que los usuarios del agua desalada asuman la recuperación de los costes. De ahí que la figura legal del decreto de sequía que caducó el pasado 31 de diciembre era clave para mantener el agua desalada a 0,45 euros/m³. Cara pero más “barata” que los 1,3 euros/m3 que pagan desde este mes y han subido la hora de agua de riego un 80%. El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura insiste en que la única solución asumible es dejar el trasvase como está y que el agua desalada sea un complemento.

La petición del Consell se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat, que es remitieron la semana pasada al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan “defectos acaecidos en la tramitación del proyecto” que podrían ser “determinantes de la nulidad de pleno derecho” del proceso.

Tal como se describe en el informe del organismo jurídico del Consell, la controversia tiene su origen en el cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, y ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua. El nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.

Ese texto modificado, según viene denunciando Ximo Puig, de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente analiza el Consejo de Estado. La Abogacía de la Generalitat entiende que “no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación” y que, por tanto, podría haberse producido “una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo”.

Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, y regante del Tajo-Segura, alerta, en este sentido, de que “nna vez aprobado por el Consejo de Ministros el Plan Hidrológico del Tajo, el Ministerio promulgará en menos de un mes las Reglas de Explotación que resultan tras las modificaciones del plan. Por eso al día siguiente de aprobarse se debiera formar un equipo técnico potente, que pueda intercambiar datos con los técnicos del Ministerio, y plantearla elabora una especie de Memorándun 2 con ténicos Generalitat Valenciana, Murcia, Andalucía, el Sindicato de Regantes, Diputación. Un equipo que pueda pelear metro cúbico por metro cúbico, pero, por supuesto, con personas de reconocida preparación técnica”.

Por su parte, el gobierno de Castilla-La Mancha afirma que está abierto a un acuerdo nacional del agua que garantice la sostenibilidad y el reparto de recursos hídricos, pero sin renunciar a la implantación de los caudales ecológicos progresivos del río Tajo, como se aprobó en el Consejo Nacional del Agua.